En Bruselas, Puigdemont busca internacionalizar el conflicto de Cataluña

Barcelona

El ex presidente catalán Carles Puigdemont afirmó ayer desde Bruselas que no pretende pedir asilo en Bélgica para eludir a la Justicia española, pero tampoco volverá a España hasta “tener garantías”, en un nuevo movimiento que internacionaliza el conflicto y confunde a la ciudadanía al aceptar también las elecciones del 21 de diciembre.

“Podemos asegurar nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones desde aquí”, dijo el líder secesionista en una multitudinaria conferencia de prensa en el club de periodistas de Bruselas, donde quiso dejar claro que “nadie abandonó” su cargo, a pesar de que él y su gobierno fueron destituidos por el Ejecutivo español.

Además, remarcó que seguirá “trabajando” para hacer frente a la “ofensiva altamente agresiva” del Estado español y, en lo que supone una contradicción, anunció que acepta como un “reto democrático” las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy en el marco de su intervención en la norteña región para abortar la secesión.

Puigdemont llegó de incógnito el lunes a la capital de Bélgica, y enseguida se dispararon los rumores de que iba a solicitar asilo político, una opción que su abogado admitió que estudiaba, ante la presentación por parte de la Fiscalía española de una querella en su contra por delitos de rebelión, sedición y malversación, el primero de ellos penado con hasta 30 años de cárcel.

A pesar de que el dirigente catalán no dio ese paso, su permanencia en Bruselas obligará eventualmente a la Justicia española a pedir su extradición, con lo que jueces belgas tendrán que valorar los argumentos jurídicos de la grave querella presentada en su contra por el Fiscal General del Estado que, según dijo, “no responde a un deseo de Justicia sino de venganza”.

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Mientras Puigdemont hablaba en la capital belga, a la que se desplazó con nueve miembros de los 14 que integraban su antiguo gabinete, el ex vicepresidente Oriol Junqueras se reunía en el Parlamento catalán con otros cuatro políticos catalanes cesados, en una maniobra interpretada como un intento de escenificar que continúan en funciones.

Sin embargo, casi en simultáneo, el Tribunal Constitucional español suspendió de forma cautelar la declaración de independencia realizada por el parlamento regional el viernes pasado.

Además, la Justicia española lanzó un múltiple embate contra los principales líderes separatistas catalanes, al citar a Puigdemont y a todo su gabinete a declarar mañana y el viernes por rebelión y sedición y al admitir a trámite una querella por esos delitos contra las autoridades del Parlamento regional. Asimismo, se les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros.

(TÉLAM)