El frágil equilibrio que “garantizan” los planes sociales en el Conurbano

El Gobierno nacional acaba de desactivar una escalada de protesta de las organizaciones que manejan planes sociales en el Conurbano. Lo hizo tras una reunión de la ministra Carolina Stanley con los principales dirigentes del sector, que habían advertido sobre la posibilidad de ir a pedir alimentos a los supermercados, lo que hizo encender luces de alarma también en la Gobernación.

La rapidez con la que se movió Stanley obedeció a su perfil de gestión, pero además a la necesidad de Cambiemos de mantener la paz social en el Gran Buenos Aires, cuando faltan sólo 40 días para las elecciones legislativas. Las estadísticas son opacas, aunque se estima que el 45% de los planes a nivel nacional son destinados a esta región de la Provincia, en función de los índices de pobreza.

Según pudo averiguar EL DIA, cerca de un millón de personas cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el territorio bonaerense, la mayoría de ellas con residencia en el GBA. Otras 130.000 forman parte del plan Argentina Trabaja, que nuclea a cooperativas barriales, mientras que unas 50.000 están nucleadas en el programa Ellas Hacen, un sucedáneo de las históricas manzaneras.

La mayor parte del financiamiento de estos planes sale de la ANSES, el organismo previsional, pero también hay partidas de los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo. Los especialistas en materia fiscal estiman que el 60% del gasto público nacional se destina actualmente al pago de jubilaciones y planes sociales. El Gobierno de Cambiemos mantuvo esa estructura que armó el kirchnerismo.

De hecho, tanto el presidente Mauricio Macri como la gobernadora María Eugenia Vidal negaron la intención de ajustar ese presupuesto y sus colaboradores afirmaron incluso que lo ampliaron, a través de la implementación de la Ley de Emergencia Social. Pero en Cambiemos no ocultan que su ideal sería modificar la lógica asistencialista de los planes por otra que fomente el empleo.

El propio Macri anticipó, tiempo atrás, el diseño de un plan denominado “Empalme” que buscaría transformar los subsidios sociales en incentivos al empleo en el sector privado, para que ese dinero público pase a ser parte del salario. Por ahora, las organizaciones sociales no tienen novedades al respecto y se siguen moviendo con los programas que actualmente reciben.

Incluso, comenzaron a gestionar con el Gobierno el pago de un aguinaldo para diciembre próximo, tal cual lo anunció Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa (CCC). En la misma mesa con la ministra Stanley también se sentaron las otras organizaciones con despliegue en el Conurbano: Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Esta agrupación cuenta con dirigentes, como Juan Grabois, de manifiesta cercanía al Papa Francisco. También el Movimiento Evita forma parte de este entramado y el encargado de negociar con el Gobierno es el dirigente Emilio Pérsico. Todos los encuentros, de acuerdo a diversas fuentes, cuentan con la intermediación del obispo de Merlo-Moreno, monseñor Fernando Maletti.

El esquema que mantiene el “statu quo” de los planes sociales seguirá vigente hasta fin de año, pero en el Gobierno anotaron como un dato significativo el magro desempeño electoral de algunas agrupaciones en las PASO. Por caso, el Evita que jugó en las filas de Florencio Randazzo o la CCC que llevó como candidato a Víctor de Gennaro y al propio Alderete en la Tercera Sección.

Por ahora con perfil bajo, Cambiemos ya trabaja en los barrios más pobres del Gran Buenos Aires. Allí, en distritos como La Matanza, Quilmes o Florencio Varela, se mueve una agrupación llamada Argentina Primero, con dirigentes como Nicolás Chipana, oriundo de la Villa 20 porteña pero que hace un tiempo se afincó en el oeste del Conurbano, donde articula el armado de “redes sociales”.

Ese trabajo de hormiga redunda luego en las visitas del Presidente y la Gobernadora a barrios que históricamente fueron controlados por punteros peronistas. Por caso, en los últimos días, Macri recibió al titular de la cooperativa de la Villa Itatí quilmeña, la más grande del GBA. Y lanzó desde Tecnópolis un programa de microcréditos para jóvenes emprendedores, todos de la Provincia.

Los municipios donde se dictarán los cursos y se entregarán los subsidios son, en su gran mayoría, del Conurbano bonaerense. La administración de Cambiemos intenta de ese modo entablar un contacto directo con el territorio, sin pasar por las organizaciones. Aunque por ahora, mantiene –y ciertos casos amplía- el enorme presupuesto destinado en la última década a los planes sociales.