El Gobierno vuelve a recalcular, entre la tensión con los gremios y la inflación

El Gobierno nacional resolvió rever su estrategia. No impulsará una ley ómnibus de reforma laboral, sino que optará por desglosar el paquete e ir hacia una negociación un poco menos belicosa con los gremios y el peronismo.

La administración de Mauricio Macri ya había tomado nota de las dificultades que afrontaría para avanzar con una iniciativa que considera crucial para bajar los costos de producción y atraer inversiones. Luego del convulsionado diciembre en el que logró que el Congreso sancionara los cambios previsionales, se había quedado con escaso margen de maniobra para intentar otro trámite parlamentario tan controvertido.

Primero resolvió postergar el proyecto para las sesiones extraordinarias del mes que viene, pero volvió a recalcular: aún cuando hace un par de meses había conseguido el acuerdo de la CGT -incluso se fueron puliendo a pedido de los sindicalistas distintos artículos- no quiso exponerse a lo que parecía un fracaso seguro.

Aquél diálogo con los gremios se ha erosionado bruscamente. Las causas judiciales que deben afrontar varios sindicalistas y las que acechan a algunos peso pesados como Hugo Moyano, explican en parte ese clima de distancia. También, la dinámica de las propias internas cegetistas le pusieron fecha de vencimiento a ese trabajoso cierre que había logrado anudar el ahora vapuleado ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Varios de los popes sindicales interpretan aquellas detenciones y las causas que avanzan por diversos delitos entre los que sobresale un enriquecimiento escandaloso, como un ataque liso y llano a los gremios. La reacción no tardó en llegar. Luis Barrionuevo reunió en Mar del Plata a Moyano y, entre otros, a Carlos Acuña y Juan Carlos Schmit, dos de los triunviros de la CGT.

Un muy duro documento contra la marcha del Gobierno plagado de advertencias -incluso sobrevoló la idea de disponer alguna medida de fuerza-, fue una respuesta contundente pero esperable.

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La decisión oficial de ir por tramos con la reforma laboral puede ser leída como una respuesta a aquél toreo del sindicalismo más duro. Surge, además, como una forma de erosionar esa posición de los sindicatos más combativos. En la Casa Rosada creen que la discusión a cuentagotas le quitará volumen a esa posición refractaria enarbolada por Moyano y compañía.

La nueva estrategia urdida por Macri es, además, un gesto hacia el peronismo parlamentario, que había quedado atrapado entre la lógica dialoguista que manejan los gobernadores a la que procuran representar y los sindicatos sensibilizados tras la aprobación de la reforma previsional y las detenciones de varios de sus pares.

Su cabeza más visible, Miguel Angel Pichetto, había lanzado la voz de alerta. Dijo que sin el acuerdo de la CGT no habría reforma que pasara el filtro del Congreso. Un tratamiento segmentado podría allanar el camino para suavizar posiciones que parecen duras.

Ayer, a horas de haber anunciado el nuevo esquema de negociación, el gobierno de Cambiemos pareció lograr un primer avance. Héctor Daer, el tercer integrante de la CGT que no concurrió a la belicosa cita marplatense de Barrionuevo, expresó su respaldo a una discusión por partes de la polémica reforma que impulsa la Casa Rosada.

Esa declaración exhibe sin dobleces la crisis sindical: dos integrantes de la cúpula cegetista se muestran alineados al sector más combativo que se dio cita frente al mar. Su tercer integrante parece más cerca de las posiciones de los “Gordos” y otros representantes gremiales que eludieron mostrarse junto a Barrionuevo y Moyano y que, por el contrario, se muestran proclives a tender puentes de diálogo con el Gobierno.

Hay otra cuestión que quizás ayude a entender el cambio de planes oficial en relación a la reforma laboral: forzar el tratamiento de la ley sin consensos mínimos, hubiese una vez encaramado al kirchnerismo como figura central de la oposición a las medidas de gobierno.

No es el único frente de tormenta que deberá atravesar la gestión macrista. La pelea contra la inflación, aún cuando logró algunos avances en 2017, sigue siendo materia pendiente. El 24,8 por ciento quedó lejos de la proyección del 17 por ciento que había trazado el Banco Central.

No es muy prometedor el panorama de cara a este año que recién lleva consumidas tres semanas. Aún cuando el Gobierno recalculó la expectativa inflacionaria y la subió al 15 por ciento, no hay consultora que estime que esa meta podrá cumplirse.

Los cálculos más benévolos hablan del 19 por ciento y esas estimaciones ya condicionan las negociaciones paritarias que se avecinan tanto en el Estado como en los gremios de la actividad privada.

El Gobierno aspira a que los acuerdos salariales tengan un techo del 15%, con la premisa de no despertar expectativas que empujen la inflación. Con esa misma idea pretende liquidar de un plumazo un mecanismo de actualización -la famosa cláusula gatillo-, que igualaría el aumento que se pacte con la evolución final del costo de vida que se termine registrando a fin de año.

No hay gremio que esté dispuesto a aceptar mansamente que la inflación será la que estima el Gobierno. Y quedar atado sin chances de revisar un acuerdo que podría terminar erosionando en varios punto el poder adquisitivo de sus representados.

En Córdoba, por caso, los gremios estatales pactaron un incremento del 11%, pero se aseguraron la vigencia de la cláusula gatillo para no quedar rezagados frente a la inflación.

Sin la vigencia de ese ajuste automático -una invención del gobierno bonaerense-, parece haber poco margen para convencer a los gremios.

El Gobierno empezó a tomar nota de esa realidad. En las últimas horas pareció alumbrar un cambio de planes que conlleva a la flexibilización de esa postura rígida. Comenzó a hablarse de la posibilidad de que se dé vía libre a acuerdos salariales de hasta tres puntos por encima de aquél techo del 15% que se habían autoimpuesto los funcionarios.

Ese desliz, de todas formas, seguiría quedando por debajo de las expectativas privadas más conservadoras que ya ubican, hacia fin de año, a la inflación en torno del mencionado 19 por ciento.

No obstante, será crucial para estas negociaciones la evolución inflacionaria del primer trimestre. Y en ese sentido, no parecen surgir buenas noticias para el oficialismo.

Diversas proyecciones privadas hablan de que durante el período enero-marzo la inflación acumulada alcanzaría guarismos cercanos al 6 por ciento.

De cumplirse esos pronósticos -buena parte se explicará en el alza de precios estacionales pero además en el incremento de las tarifas de servicios públicos- el Gobierno recibirá dos malas nuevas. La primera, que ese acumulado será prácticamente similar al que se registró el año pasado. Pero además, en tres meses se habrá evaporado casi la mitad de la estimación oficial para todo el año.

Con esas cifras sobre la mesa, las negociaciones paritarias adquirirán una complejidad adicional.

EL CASO TRIACA

La difusión de un audio en el que se escucha al ministro Triaca insultar a su empleada, incomodó al Gobierno. Acaso no haya sido tan grave como que luego se conociera que esa misma persona había sido contratada en el Somu, el gremio que fue intervenido tras la detención de uno de los emblemas de la corrupción sindical, Omar “Caballo” Suárez.

La cuestión empieza a volverse un poco más compleja: se habla de que en ese gremio se habrían contratado 172 personas, la mayoría provenientes de la política.

Los pedidos de disculpas de Triaca por el tenor de sus dichos no alcanzaron para disipar la polémica. Tanto, que la Rosada adoptó, acaso, una decisión no menos controvertida: sacar de escena al ministro otorgándole vacaciones.

El ministro de Trabajo ha sido una pieza importante para el Gobierno en su relación con los gremios. Pero una administración que dice mostrarse intolerante con cualquier hecho sospechado de corrupción o incompatible con la función pública, pareció quedar a mitad de camino frente a los hechos en los que terminó involucrado uno de los integrantes de su gabinete. Quizás valga recordar aquella vieja frase del filósofo Plutarco: “La mujer del César no sólo debe ser, también parecer”.

“Ya se habla de acuerdos salariales por encima del 15% de inflación proyectado oficialmente”