La Justicia provincial investiga a dos “chocolates digitales” de la UCR

El fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios , Mario Rafael Pérez, citó a indagatoria a Kevin Alan Razimoff para el lunes 18 de este mes acusado de disponer como propios de los salarios de empleados y “ñoquis” del Senado provincial con una metodología más moderna que la del peronista Julio “Chocolate” Rigau o la de Hugo Muguerza para el PRO.

Razimoff, un abogado de 31 años oriundo de San Bernardo, y empleado de la senadora Flavia Delmonte, en lugar de recorrer los cajeros automáticos de nuestra ciudad, recurrió a las transferencias electrónicas. De esta manera operó más rápido, pero dejó huellas informáticas.

Los registros bancarios, contables e informáticos que logró acumular durante tres años de investigación, el fiscal Pérez logró probar la existencia de otro “chocolate” radical, también digital. Se trata de Javier Gonzalo Torrijos Fuertes, un diseñador gráfico de 54 años, quien vive en la localidad de Gonnet y figura como empleado de la Cámara de Diputados bonaerense.

Según reveló La Nación, Razimoff y Torrijos Fuertes transfirieron vía online dinero que pertenecía a los salarios de al menos seis empleados o supuestos empleados del Senado bonaerense a sus cuentas personales, según logró probar el fiscal Pérez.

Y utilizaron ese dinero para pagar, entre otras cosas, el impuesto automotor de un auto que pertenece a la senadora, abonar el impuesto inmobiliario de los padres de Delmonte, y comprar dólares ahorro, a nombre de esos supuestos empleados en al menos dos páginas de Internet.

La fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios públicos del departamento judicial de Dolores investiga a la senadora Delmonte, a dos de sus colaboradores y a contratados del Senado, por una presunta defraudación a la administración pública.

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En una resolución firmada el 16 de febrero pasado, el fiscal Mario Rafael Pérez consideró que hay elementos suficientes para sostener que al menos entre febrero de 2019 y diciembre de 2020 Delmonte, con su asesor Kevin Razimoff y un empleado de Diputados, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, habrían designado gente en el Senado a cambio de que estos resignaran parte de sus haberes a cambio de la obra social y el pago de la jubilación.

El juez de Garantías de Villa Gesell, David Leopoldo Mancinelli, resolvió pedirle a la Cámara Alta provincial que avance con el proceso de desafuero de Delmonte. El abogado de la senadora apeló la resolución del juez referida al desafuero.

La senadora publicó en sus redes sociales un descargo y lo vinculó a “cuestiones personales” como su proceso de divorcio. “Son utilizados por una tercera persona y se judicializan penalmente tergiversando datos, fechas, circunstancias”, justificó.

Además dijo que la “solicitud de desafuero no ingresó a la Cámara de Senadores, ya que se encuentra en trámite en el juzgado correspondiente”.

También sostuvo que no tiene “ñoquis” entre sus colaboradores, que “no existe ningún delito” y lamentó “las odiosas comparaciones”, en referencia al “Caso Chocolate Rigau”.

Para la Fiscalía, la propia Delmonte o alguno de sus colaboradores llegaron a operar el homebanking de la cuenta salarial de la mujer que terminó por denunciarlos, Tamara Yanina Arce.

Para habilitar ese homebanking utilizaron el nombre de “flaviadelmonte2015″” y según confirmaron los técnicos informáticos, lo hacían desde computadoras que funcionaban en el Senado bonaerense o en los domicilios particulares de Razimoff en Gonnet y en San Bernardo.

A través de ese homebanking que habilitaron sobre la cuenta de Arce pero a nombre de “flaviadelmonte2015″ intentaron ir más lejos. Gestionaron un préstamo por $252.000 –cerca de US3700 al tipo de cambio entonces vigente-, pero no llegaron a concretarlo por las demoras ocasionadas por la pandemia Covid-19, indicó el abogado de Arce, Rodrigo Bonzo, a La Nación.

Para la Fiscalía, ese sistema recaudatorio electrónico abarcó a Arce y a otros supuestos empleados de Delmonte, quien comenzó su recorrido político a la sombra del titular de la UCR provincial, el senador Maximiliano Abad.

La senadora vinculó esta denuncia a cuestiones personales como su proceso de divorcio