Ordenan capturar al jefe del penal de Olmos por torturar y matar a un preso

Narciso Gastón Ayala estaba preso en la Unidad 1 de Olmos por robo calificado, pero era inminente que lo trasladaran a la 34 por sus recurrentes ataques de epilepsia que le provocaban trastornos psicóticos, informaron fuentes oficiales. En julio tuvo un episodio, que, al parecer, se repitió el 1 de agosto. Ese día murió.

Según las autoridades penitenciarias, fue a consecuencia de un golpe que sufrió al caer de la manta en la que otros cuatro internos lo llevaban al sector de sanidad. El informe forense dice otra cosa: Ayala presentaba golpes en todas partes del cuerpo y falleció por asfixia mecánica, presuntamente provocada por la presión de un brazo a modo de llave, “que no deja marcas en la laringe”, explicó un especialista.

Bajo la instrucción del fiscal Fernando Cartasegna y el juez Pablo Raele la causa se caratuló como “imposición de tortura agravada por el resultado muerte”.

Los primeros en quedar imputados fueron el entonces jefe de esa unidad situada en 197 y 52, y cinco suboficiales, sospechados de haber tenido contacto directo con la víctima. Tres días después del hecho todos fueron pasados a disponibilidad. La misma suerte corrieron después dos subjefes del penal y otro suboficial, ya que peritajes y testimonios indicarían que “vieron lo que pasaba y no lo evitaron”. Hoy, todos tienen orden de detención, pero los dos ex subjefes son los únicos que están presos, ya que no llegaron a presentar un pedido de eximición, señalaron voceros con acceso a la causa. En las últimas horas accedieron a prestar declaración. En sus indagatorias argumentaron que no presenciaron el ataque, de modo que no tuvieron oportunidad de impedirlo, aunque esta versión entraría en contradicción con otras evidencias, según trascendió de fuentes oficiales.

Los otros siete imputados sí presentaron su pedido de eximición de prisión, que fue rechazado por el juez Raele y apelado por las defensas, lo que hace que esa decisión no esté firme y ellos permanezcan libres. Si las instancias superiores confirman la denegatoria, las capturas podrán efectivizarse.

LA SECUENCIA

Por lo que se pudo reconstruir con testimonios e informes forenses, el hecho sucedió alrededor de las 8 de la mañana del 1º de agosto pasado, cuando Ayala sufrió un ataque de epilepsia y cuatro de sus compañeros lo cargaron en una manta para llevarlo a Sanidad. No era la primera vez que le pasaba y ese tipo de asistencia parece ser una práctica habitual entre los presos, por lo que contaron las fuentes consultadas por este diario.

En ese traslado la víctima se tiró de la manta bajo un fuerte estado de excitación, cayendo al piso. Hasta este punto, la historia coincide con la que informaron los jefes de la Unidad 1 tras la muerte del interno, pero difiere en lo que siguió después.

De acuerdo a la versión oficial, en esa caída el preso sufrió un fuerte golpe que terminó causándole la muerte. Los investigadores desconfiaron de esa posibilidad y, con peritos de Policía Científica, recorrieron el penal en busca de otras voces.

Según esos testimonios, tras la caída de Ayala habrían irrumpido en escena el ex jefe y cinco guardias de la cárcel, quienes, por la fuerza y superioridad numérica, redujeron al detenido y lo llevaron al sector de Control, donde lo habrían golpeado y asfixiado, completaron los voceros. Los pesquisas presumen que los dos ex subjefes y otro suboficial vieron, por lo menos, cómo se llevaban a la víctima y eso los dejó en la mira por supuesta inacción.

Los forenses que hicieron la autopsia al cuerpo concluyeron que “casi no quedó sitio sin golpear”, lesiones que “de ningún modo” pudo sufrir cayendo desde la manta en la que lo llevaban sus compañeros de pabellón. El síndrome asfíctico terminó de desbaratar la versión oficial.

Lo que el informe forense no puede explicar es por qué tanta saña. Suponen que el ataque estuvo motivado por la resistencia que opuso Ayala, algo que claramente no podía regular, porque estaba bajo un trance psicótico. “Torturaron a un enfermo”, concluyó una de las fuentes consultadas por este diario.

En este caso tomó intervención la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Según un informe de organismos de derechos humanos, en las prisiones bonaerenses hubo 707 muertes entre 2009 y 2014. El 30% fueron violentas.