La estabilidad financiera de las familias argentinas atraviesa uno de sus peores momentos en más de dos décadas. Según estadísticas del sistema financiero, la morosidad en préstamos y compromisos crediticios de las familias alcanzó el 11,5% en marzo último, mientras que el de las empresas trepó al 3,1% según informó el Banco Central. Así, acumuló 17 meses consecutivos de subas. El indicador incluso superó los registros observados durante la pandemia y se ubicó en máximos que no se veían desde 2004.
El deterioro se reflejó con fuerza en las tarjetas de crédito. La mora bancaria pasó del 2% en enero de 2025 al 11% en enero de 2026. En las entidades no bancarias, el incumplimiento ya ronda el 25%. Detrás de esos porcentajes aparecen millones de personas que dejaron de pagar cuotas, refinanciaron consumos o directamente ingresaron en situación de atraso permanente.
Ese escenario abrió otro negocio que creció al ritmo del endeudamiento: las cobranzas extrajudiciales. Empresas especializadas, muchas veces tercerizadas por bancos y financieras, intensificaron los mecanismos de presión sobre deudores para intentar recuperar dinero antes de iniciar acciones judiciales. El problema es que buena parte de esas prácticas quedó en una zona gris que bordea la ilegalidad.
Las denuncias por hostigamiento crecieron en paralelo al aumento de la mora. Algunos consumidores reportan llamados reiterados a cualquier hora, mensajes intimidatorios por WhatsApp, contactos a familiares, vecinos o empleadores y amenazas de embargos inmediatos que, en numerosos casos, carecen de sustento legal.
Especialistas en derecho del consumidor advierten que la deuda no habilita a las empresas a vulnerar derechos básicos. La Ley de Defensa del Consumidor protege también a quienes están atrasados en sus pagos y prohíbe mecanismos de presión abusivos o humillantes.
El abogado especialista en consumo Sebastián Cuello explicó que las agencias de cobranza suelen operar sobre una lógica simple: asumir que el deudor desconoce sus derechos y que preferirá soportar el hostigamiento antes que iniciar un reclamo formal. “Muchas veces las personas creen que, por deber dinero, pierden capacidad de reclamar. Y eso no es así”, sostuvo.
En la práctica, el sistema funciona con altos niveles de automatización. Bots de mensajería, llamados masivos y bases de datos compartidas permiten multiplicar contactos diarios sobre miles de personas al mismo tiempo. El objetivo es generar presión psicológica para acelerar acuerdos de pago o refinanciaciones.
En muchos casos, las agencias ofrecen convenios urgentes que exigen firma inmediata y contienen intereses muy superiores a los originales. También existen situaciones donde intentan cobrar deudas prescriptas, aprovechando que el consumidor desconoce los plazos legales.
Según entidades de defensa del consumidor, uno de los principales problemas es que las víctimas no documentan las situaciones de hostigamiento. Guardar mensajes, registrar horarios de llamadas y conservar correos electrónicos resulta clave para cualquier denuncia posterior.
El procedimiento recomendado incluye exigir identificación completa de quien realiza el contacto, pedir detalle exacto de la deuda y enviar una intimación formal para reclamar el cese de las prácticas abusivas. Luego, el consumidor puede denunciar el caso ante organismos provinciales o municipales de Defensa del Consumidor y, si se trata de entidades financieras reguladas, también ante el Banco Central.
El BCRA habilita reclamos cuando transcurrieron al menos diez días hábiles desde la presentación ante el banco sin una respuesta satisfactoria. El afectado debe presentar número de reclamo, fechas, montos y descripción de los hechos. Si el conflicto persiste, el expediente puede derivarse a Defensa del Consumidor.
La legislación incluso contempla sanciones económicas para las empresas que incurren en conductas graves. El artículo 52 bis de la Ley 24.240 habilita el denominado “daño punitivo”, una multa ejemplificadora que puede superar ampliamente el valor de la deuda original cuando existe hostigamiento sistemático o vulneración reiterada de derechos.
El crecimiento de la mora responde a un deterioro económico más amplio. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del empleo formal y el cierre de pequeñas y medianas empresas redujeron la capacidad de pago de los hogares. Analistas del sector financiero observan que las carteras irregulares avanzan sobre todo en créditos de consumo y préstamos pequeños, utilizados cada vez más para cubrir gastos básicos. El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso acumuló diez meses consecutivos de aumento y alcanzó los 5,1 puntos, nivel considerado de “Fragilidad Familiar”.
El dato refleja el desacople entre algunos indicadores macroeconómicos y la situación cotidiana de buena parte de la población.
Desde la oposición política también comenzaron a advertir sobre el fenómeno. El diputado nacional Nicolás Trotta señaló que “la morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos”.
El trasfondo social del problema aparece detrás de cada estadística. Familias que refinancian alimentos, trabajadores que utilizan créditos para pagar servicios y hogares que acumulan deudas para sostener consumos básicos forman parte de una dinámica que se expandió en todo el país.
Con la mora en su nivel más alto desde 2004, el negocio de las cobranzas promete seguir creciendo. También crecerá la discusión sobre los límites legales y éticos de un sistema que, muchas veces, transforma una deuda económica en una forma cotidiana de presión psicológica.
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