El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ordenó a los prefectos evaluar e implementar toques de queda “muy limitados” y “localizados” en distintas ciudades del país para frenar los disturbios y saqueos que durante el fin de semana afectaron a edificios públicos, ayuntamientos y cientos de comercios. La decisión se conoció tras una reunión de emergencia con altos funcionarios del Gobierno, en medio de fuertes cuestionamientos a la respuesta de las fuerzas de seguridad.
“Este sábado, a pesar de escenas de violencia grave y extensos daños materiales, nadie murió, y eso es un milagro”, afirmó Lecornu, quien defendió el accionar de los policías frente a los grupos que protagonizaron los enfrentamientos. Según adelantó, los detalles sobre las zonas alcanzadas por las restricciones se darían a conocer durante la jornada del lunes.
La violencia se extendió por París, Lyon, Marsella y otras ciudades francesas. Durante las noches del sábado y el domingo, grupos de personas incendiaron contenedores de basura, bicicletas y otros objetos en la vía pública, además de saquear numerosos establecimientos comerciales. También fueron atacados edificios oficiales, entre ellos ayuntamientos y otras dependencias públicas.
De acuerdo con el balance difundido por las autoridades, al menos 2.400 personas fueron detenidas en todo el país. Los episodios más graves se registraron durante las protestas del sábado, convocadas en un contexto de malestar por el aumento del costo de vida y las deficientes condiciones en las escuelas.
Uno de los hechos más impactantes ocurrió en Limoges, en el centro de Francia, donde las llamas envolvieron el histórico edificio del ayuntamiento, construido en el siglo XIX. El incendio provocó el derrumbe del techo y dejó la estructura al borde de la destrucción.
En Marsella, las autoridades también adoptaron medidas preventivas: el prefecto prohibió las protestas y cualquier otro tipo de concentración entre el mediodía y las 20 del lunes, en un intento por evitar nuevos enfrentamientos.
Renuncia y rechazo
La crisis también abrió un frente político dentro del Gobierno de Emmanuel Macron. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su renuncia el domingo al considerar que debía asumir la responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, el presidente rechazó su dimisión y le pidió que continuara en el cargo para garantizar la conducción de las fuerzas del orden en medio de la emergencia.
Además, Macron le ordenó adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer las fallas en la planificación y en la recopilación de información de inteligencia que pudieron haber contribuido a la magnitud de los disturbios. El mandatario también reclamó la implementación de nuevas tácticas policiales sobre el terreno para contener la violencia.
“Presenté mi renuncia porque soy responsable de todo lo que está ocurriendo”, explicó Nuñez en declaraciones a la radio France Inter. No obstante, sostuvo que la prioridad ahora es impedir que los episodios se repitan y admitió que las autoridades deben mejorar su capacidad para anticipar movilizaciones de estas características.
El ministro atribuyó los ataques a grupos de alborotadores, saqueadores y activistas de extrema izquierda, al tiempo que reconoció las dificultades para responder a grupos numerosos y con gran movilidad. También admitió que las fuerzas de seguridad habían perdido el control en algunas de las principales ciudades durante la jornada del sábado.
“No se puede mirar a los comerciantes a los ojos cuando cientos de negocios han sido saqueados y decir que no hemos perdido el control en algunas de estas grandes ciudades”, reconoció Nuñez.
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