Los usuarios argentinos de iPhone que hayan sufrido caídas en el funcionamiento de sus dispositivos recibirán un resarcimiento económico tras la aprobación de un acuerdo en los tribunales del país. La medida se desprende de la homologación dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21, bajo la conducción del juez Germán Paez Castañeda, en el marco de una demanda colectiva iniciada por Acción del Consumidor (ADELCO).
Para instrumentar este resarcimiento, la firma multinacional aceptó conformar un pozo global de 3 millones de dólares, del cual se distribuirán hasta 40 dólares por cada equipo con solicitud aprobada. El dividendo exacto para cada beneficiario surgirá del reparto proporcional entre la totalidad de los aparatos que resulten validados, por lo que el pago individual podría ubicarse por debajo del techo fijado si la cantidad de reclamos supera la capacidad del fondo.
En el supuesto de que se cubra el máximo de 40 dólares por teléfono y persista un excedente en el pozo, los fondos remanentes se destinarán en primera instancia a solventar costos administrativos y de notificación. Cualquier dinero sobrante tras esa etapa será transferido como donación a la Fundación Garrahan. Al suscribir la resolución judicial, la compañía de la manzana constituyó el fondo sin asumir culpa ni admitir responsabilidad legal alguna sobre los cuestionamientos planteados.
Modelos de iPhone incluidos y requisitos técnicos para cobrar
El resarcimiento abarca de manera concreta a siete variantes pertenecientes a tres generaciones de teléfonos inteligentes. Los modelos contemplados dentro de la nómina oficial son los iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Por el contrario, el modelo iPhone 5C quedó expresamente excluido del entendimiento.
Para calificar dentro de la compensación, los dispositivos debieron haber ejecutado determinadas versiones del sistema operativo con anterioridad al 21 de diciembre de 2017 y haber sufrido una pérdida efectiva de rendimiento bajo tales parámetros. En el caso de las líneas iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE, el requisito implica haber funcionado con iOS 10.2.1 o actualizaciones posteriores; mientras que para las versiones iPhone 7 y 7 Plus, la condición aplica a quienes operaron con iOS 11.2 en adelante.
Quiénes están habilitados a solicitar el reembolso en la Argentina
El universo de beneficiarios comprende a personas físicas y jurídicas que tenían fijada su residencia en la República Argentina al 4 de febrero de 2020, fecha de presentación formal de la querella judicial. El alcance rige con independencia de la nacionalidad o situación migratoria del interesado, abarcando tanto a los propietarios actuales de los terminales como a antiguos usuarios que los hayan utilizado con fines personales, laborales o de otra índole.
El convenio estipula limitaciones estrictas para el acceso al beneficio. Quedan fuera del reclamo las personas con domicilio en el exterior, así como los usuarios que obtuvieron el teléfono por intermedio de su empleador. De igual modo, la exclusión alcanza a directivos, representantes, empleados de Apple, revendedores y servicios técnicos autorizados en el país, extensivo a sus familiares directos y sucesores, además de quienes posean su reclamo resuelto mediante sentencia firme previa.
Paso a paso: cómo hacer el trámite digital y qué documentos presentar
La presentación del reclamo se llevará a cabo íntegramente de forma digital a través del sitio web acuerdosmartphones.com.ar, canal único autorizado para la carga de datos. Claudia Collado, presidenta de ADELCO, enfatizó que la gestión es totalmente personal y gratuita, aclarando que la asociación no recepta información ni solicitudes y que no se requiere la intervención de terceros.
Los interesados contarán con un lapso de seis meses corridos para formalizar su petición, contados desde el momento en que se habilite el formulario en la web oficial. Dicha apertura será notificada por correo electrónico a los potenciales beneficiarios y publicada en la plataforma, con la aclaración de que la sola divulgación del edicto en el Boletín Oficial no pone en marcha el cómputo de ese plazo.
Al completar la planilla digital, será necesario ingresar un formulario individual por cada dispositivo. Si bien un mismo titular puede exigir el beneficio por varios aparatos que cumplan los requisitos, cuando se aprueben solicitudes de distintos reclamantes sobre un mismo equipo, la suma dineraria asignada a dicho teléfono se dividirá en partes iguales entre los beneficiarios.
El trámite exigirá suministrar los siguientes datos y respaldos documentales:
- Identificación personal: Nombre completo, DNI o CUIT, domicilio, teléfono y correo electrónico. Las personas físicas deberán cargar copia de ambas caras del DNI vigente, mientras que las personas jurídicas tendrán que adjuntar su constancia impositiva.
- Información del dispositivo: Modelo exacto y número de serie (IMEI o MEID). Si el teléfono ya no se conserva físicamente, el código de identificación puede rastrearse en la caja original o dentro de la pestaña 'Dispositivos' de la cuenta de Apple ID; si aún se posee el equipo, se consulta en Configuración > General > Información.
- Declaración jurada y firma: Aceptación de las condiciones de uso, merma del rendimiento sufrida antes del 21 de diciembre de 2017 y veracidad de lo volcado, asentando la firma electrónica mediante la escritura del nombre completo al cierre del formulario.
- Datos bancarios: Elección del cobro en moneda extranjera o pesos argentinos, indicando una cuenta bancaria o billetera virtual titular vía CBU o CVU. En caso de optar por dólares, la cuenta receptora deberá estar radicada en esa denominación.
La auditora Milliman S.A. asumirá la tarea de evaluar y validar las presentaciones. Ante eventuales inconsistencias o la objeción de una solicitud, la firma notificará las razones al usuario, otorgando un margen de 20 días hábiles para subsanar los errores detectados. Una vez que la liquidación por aparato adquiera validez judicial firme, las transferencias bancarias se concretarán dentro de un período máximo de hasta 90 días hábiles. Si el usuario opta por cobrar en pesos, la conversión se efectuará con la cotización compradora de billetes del Banco Nación del día hábil anterior al desembolso.
Por su parte, quienes deseen margen de maniobra para no quedar encuadrados en el convenio colectivo podrán solicitar su exclusión ante el Juzgado Comercial N° 21 en un término de 30 días hábiles a contar desde la última publicación del edicto, acogiéndose al artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240.
El origen de la demanda colectiva de ADELCO y antecedentes globales
La controversia legal se gestó el 4 de febrero de 2020 cuando ADELCO —asociación civil creada en 1980 e inscripta con el número 31 en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores— promovió la acción de clase contra la corporación tecnológica. La ONG cuestionó el impacto de las actualizaciones del sistema iOS implementadas sin la debida comunicación previa a los consumidores.
El inconveniente se originó por la función de gestión de energía introducida por la firma para moderar los requerimientos del procesador en celulares con baterías químicamente degradadas, con la premisa de prevenir apagados intempestivos ante picos de demanda. Esa alteración dinámica generaba retrasos en la apertura de aplicaciones, desplazamientos menos fluidos en pantalla, caídas en la tasa de fotogramas, opacidad en la pantalla y menor potencia en los altavoces. Con el lanzamiento de iOS 11.3, Apple incluyó paneles para consultar la salud de la batería y habilitó la opción de desactivar esa administración manual de energía.
El desenlace de la causa en el fuero comercial argentino sigue la huella de procesos judiciales desarrollados en el ámbito internacional. Durante el año 2020, la compañía estadounidense selló un desembolso de hasta 500 millones de dólares para dirimir acciones colectivas en la justicia de los Estados Unidos, sumado a un acuerdo paralelo por 113 millones de dólares acordado con un bloque de más de 30 fiscales generales estatales por la falta de transparencia en la información brindada sobre el desgaste de las baterías.
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