El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires estableció un nuevo esquema para identificar, registrar y proteger los inmuebles que integran el dominio público bonaerense, a partir de la implementación del Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público previsto por la Ley N° 15.558.
La medida determina que la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad será el organismo encargado de poner en funcionamiento el registro y de dictar las disposiciones técnico-registrales y administrativas necesarias. En tanto, la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales tendrá a su cargo la recepción de antecedentes, la calificación jurídica de los bienes y la gestión de su incorporación al nuevo sistema.
Según la resolución, serán considerados bienes inmuebles del dominio público provincial aquellos que, siendo de titularidad de la Provincia, se encuentren afectados al uso público, además de aquellos a los que una ley les otorgue expresamente ese carácter.
Uno de los principales objetivos de la medida es avanzar en un relevamiento integral de los inmuebles que se encuentran bajo administración o custodia del Estado bonaerense. Para ello, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán informar a la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales sobre los inmuebles que estén bajo su órbita y que, por sus características, puedan pertenecer al dominio público provincial.
Los organismos deberán aportar los antecedentes catastrales, cartográficos y técnicos disponibles, junto con información vinculada al uso y destino de cada inmueble y las eventuales concesiones otorgadas. Esa documentación será posteriormente analizada por la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales, que determinará la procedencia de la inclusión de cada bien en el Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público.
En ese sentido, la nueva resolución también establece que la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales ejercerá el poder de policía administrativa con fuerza ejecutoria sobre los bienes del dominio público provincial.
Ante la verificación de conductas que modifiquen, perturben o afecten esos inmuebles, el organismo podrá disponer medidas para restituir las condiciones preexistentes en forma directa y a costa del infractor. Para llevar adelante esas acciones, también podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
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