La Provincia de Buenos Aires autorizó a sus hospitales y otros establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de Salud a descartar medicamentos elaborados por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., en medio del escándalo que generó el caso del "fentanilo contaminado" que causó varias muertes, muchas de ellas en La Plata. Según se informó, permanecían bajo custodia de los centros de salud bonaerenses.
La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 7414-MSALGP-2026, firmada por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense. El dato que permite dimensionar el alcance de la disposición aparece en la planilla de relevamiento incorporada al expediente: se contabilizan 2.764 registros de medicamentos e insumos distribuidos en 98 establecimientos sanitarios, mientras que el listado unificado de cantidades alcanza las 4.463.951 unidades o cantidades de productos.
Cabe destacar que en el caso de La Plata, retiraron más de 35 mil ampollas de fentanilo. Según datos oficial, en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero se registraron 16.661 y en el San Roque de Gonnet, 20.984
El relevamiento incluye hospitales interzonales, zonales, subzonales, hospitales especializados y distintas Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia. Entre los establecimientos que aparecen en la documentación figuran, entre los mencionados de nuestra ciudad, los hospitales San Felipe, Vicente López y Planes de General Rodríguez, Domingo Cabred, Eva Perón de San Martín, Domingo Mercante, Luis Güemes de Haedo, Mariano y Luciano de la Vega, Manuel Belgrano, Piñeyro de Junín, Eduardo Wilde,Simplemente Evita, Presidente Perón de Avellaneda, Eurnekian y Alberto Balestrini de La Matanza, entre otros.
El fentanilo, entre los medicamentos relevados
Uno de los datos más relevantes del listado es la presencia de fentanilo entre los productos que los establecimientos deberán descartar. La planilla registra 83.061 ampollas de fentanilo distribuidas en 13 establecimientos. Entre ellos aparecen el Hospital Eva Perón de San Martín, con 11.095 ampollas; el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, con 16.661; el HIGA San Roque de Gonnet, con 20.984; el Hospital Alberto Balestrini, con 10.000; y el Hospital San José de Pergamino, con 5.025. También figuran cantidades menores en otros establecimientos, como el Hospital E. Erill, el Hospital Julio de Vedia, el Hospital Horacio Cestino, el Hospital Zonal de Rehabilitación El Dique y el Hospital San Felipe.
En el caso del San Roque de Gonnet, por ejemplo, la documentación consigna 3.000 ampollas del lote 31201 y otras 17.984 del lote 31246. En el Hospital Alejandro Korn aparecen 16.661 ampollas correspondientes al lote 31246, mientras que el Alberto Balestrini registra 9.000 del lote 31247 y otras 1.000 del lote 31245. El listado también identifica fentanilo en el Hospital Eva Perón de San Martín, con 11.095 ampollas del lote 31246, y en el Hospital Julio de Vedia, con 4.000 unidades del lote 31200.
El antecedente del caso HLB
La resolución provincial recuerda las medidas adoptadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) contra ambas compañías. Entre los antecedentes se encuentra el retiro del mercado del producto Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo 0,05 mg/ml, solución inyectable, incluido en las actuaciones iniciadas a partir de la detección de ampollas pertenecientes al lote 31202, con vencimiento en septiembre de 2026.
En paralelo, en el marco de la causa penal federal N° 17371/25, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata ordenó el 5 de noviembre de 2025 el secuestro de la totalidad de las ampollas de fentanilo HLB correspondientes a los lotes 31202 y 31244. Posteriormente, mediante la Disposición N° 3158/2025, la ANMAT dispuso la inhibición de las actividades productivas de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. y prohibió el uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de esas firmas. En 2026, mediante la Disposición N° 1848/2026, el organismo nacional ordenó además la baja de las autorizaciones de elaboración de ambos establecimientos.
La documentación provincial señala que, frente a esas medidas, la ANMAT comunicó a las instituciones que todavía poseían productos alcanzados por las prohibiciones que, cuando correspondiera su destrucción o disposición final y no existieran medidas judiciales que lo impidieran, debían garantizar la trazabilidad y cumplir con las normas vigentes.
Más de 2.700 registros
El relevamiento realizado por la Provincia no se limita al fentanilo. La planilla contiene 2.764 registros de distintos medicamentos e insumos. Entre los productos aparecen antibióticos, analgésicos, anestésicos, anticonvulsivantes, corticoides, soluciones, medicamentos inyectables y otros insumos farmacéuticos.
La documentación permite observar, además, que en varios hospitales existen distintos lotes de un mismo medicamento. Por ejemplo, aparecen registros de difenhidramina, fenitoína, diclofenac, dexametasona, gentamicina, noradrenalina, lorazepam, ketorolac y paracetamol, entre muchos otros. La cantidad total consignada en la planilla unificada asciende a 4.463.951 unidades o cantidades, aunque la forma de presentación varía según el producto: ampollas, comprimidos, frascos, sobres, soluciones y otros formatos.
Cómo será el descarte
La Resolución 7414 establece que cada hospital o establecimiento deberá implementar el procedimiento de descarte y disposición final de los medicamentos que le hayan sido asignados en el relevamiento. Para eso, el Ministerio de Salud aprobó un modelo de disposición y estableció que los establecimientos deberán cumplir con la normativa vigente en materia sanitaria y ambiental, entre ellas las leyes provinciales 11.347 y 11.720.
La primera regula el tratamiento de residuos patogénicos, mientras que la Ley 11.720 incluye entre los residuos especiales a determinados residuos provenientes de medicamentos y productos farmacéuticos.
La Provincia sostiene que la disposición final segura de estos productos constituye una responsabilidad vinculada con la protección de la salud pública y del ambiente, ya que mantener medicamentos prohibidos o retirados de circulación sin un procedimiento adecuado puede generar riesgos sanitarios.
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