Un pacto entre la administración de Javier Milei y las casas de altos estudios públicas se encuentra a un paso de concretarse. La firma definitiva entre los rectores y el Ministerio de Capital Humano se proyecta para el mediodía de este miércoles. Esta rúbrica representa un principio de resolución al conflicto desatado a inicios de la actual gestión presidencial.
La propuesta oficial abarca una inyección de aproximadamente 800 mil millones de pesos y establece convocatorias a negociaciones paritarias cada tres meses. En el plano salarial, la oferta estipula una recomposición que ronda el 24,3% en total. Las sumas se abonarían en dos tramos, con un primer pago en torno al 21,3% o 21,5% durante julio y un 3% extra para el mes de octubre.
El entendimiento sería una "solución intermedia" entre el incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario, algo que se encuentra judicializado.
Los cálculos técnicos indican que este porcentaje de incremento se divide en un 12,6% correspondiente a deudas del año pasado, un 7% al 2024 y la diferencia abarca una actualización hasta mayo de 2026.
En paralelo, el convenio destina recursos específicos para el funcionamiento de las instituciones. Los puntos centrales incluyen un alza del 20% para los gastos operativos de las universidades, una partida adicional de 50 mil millones de pesos dirigida a los hospitales universitarios, un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, apuntadas a fomentar carreras estratégicas como Energía, Minería, Biotecnología y Ciencias Exactas.
En ese sentido, las universidades anticiparon que no retirarían la demanda ante la Justicia que reclama el cumplimiento de la norma y sobre el que debe expedirse la Corte Suprema de Justicia.
LA CONTINUIDAD DEL RECLAMO JUDICIAL
Las negociaciones son llevadas adelante por funcionarios del ministerio de Capital Humano y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), encabezados por su presidente, Franco Bartolacci, de la Universidad Nacional de Rosario, en tanto que este miércoles sería el turno de la rúbrica con los gremios representativos del sector.
En caso de terminar de cerrarse, se trataría de una "solución intermedia", menor a lo que establece la Ley que el Gobierno no está cumpliendo. Pero ante la necesidad de un alivio frente a la caída del poder adquisitivo, la comunidad universitaria se volcaría por esta opción.
RECHAZO Y ADVERTENCIAS DEL SECTOR SINDICAL
En el frente gremial, la situación presenta mayores tensiones ante el plenario de federaciones docentes convocado para la mañana previa a la firma gubernamental. Los representantes de la Conadu rechazaron validar cualquier convenio por fuera de los límites de la Ley de Financiamiento, sancionada en octubre de 2025, la cual dispone un incremento salarial del 51%.
Según advierten, el Ejecutivo busca quebrar la unidad de la comunidad educativa al promover un pacto por los recursos de funcionamiento sin acordar los salarios docentes correspondientes.
En sintonía con este reclamo, el Secretario General de Feduba, Pablo Perazzi, cuestionó los montos ofrecidos. El dirigente subrayó que la propuesta salarial no alcanza a cubrir la mitad de lo fijado por la norma legislativa, mientras que los fondos de funcionamiento representan apenas una cuarta parte de los requerimientos de las casas de estudio.
Como ejemplo concreto, Perazzi ilustró que su salario actual como profesor adjunto regular de 416 mil pesos pasaría a 505.440 pesos con este incremento.
Finalmente, las agrupaciones sindicales alertaron sobre los peligros de una agudización del conflicto tras el mundial a causa de la inflación, y remarcaron el riesgo de sufrir un desgaste posterior al recordar que las negociaciones paritarias son potestad exclusiva de los gremios y no de los rectores.
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