Confirmaron el procesamiento de la viuda del narco Pablo Escobar Gaviria

La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento y la prisión preventiva de la viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria al considerarla jefa de una asociación ilícita que "blanqueaba" dinero proveniente del narcotráfico.
La Sala I del tribunal, integrada por los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, trabó además un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de María Isabel Santos Caballero, la viuda del traficante colombiano detenida el 16 de septiembre último en Argentina.
La Cámara confirmó también ayer los procesamientos dictados al contador Juan Carlos Zacarías (que incluyó también prisión preventiva), a Juan Sebastián Marroquín Santos (hijo de Escobar Gaviria) y a María de los Angeles Sarmiento, nuera de la viuda.
Además ratificó los procesamientos que el juez federal Gabriel Cavallo había dispuesto para otros dos supuestos integrantes de la asociación ilícita dedicada al "blanqueo" de dinero: Carlos Marcelo Gil Novoa y Oscar Alberto Luquia.
Los camaristas aprobaron el procesamiento que Cavallo le decretó al abogado Luis Dobniewski -por haber adquirido un inmueble que debió suponer fue comprado con dinero mal habido- pero redujo el embargo sobre sus bienes a la cifra de 300 mil pesos.
El tribunal, en cambio, se declaró "incompetente" para resolver la apelación del letrado Víctor Stinfale contra el procesamiento que le dispuso Cavallo por el delito de "amenazas", y decidió remitir las actuaciones sobre este punto a la justicia correccional, para que allí se continúe el sumario.
"Las constancias obrantes en la instrucción -expresaron Riva Aramayo y Vigliani- permiten sostener que el dinero introducido al país, proviene de la recuperación de los bienes del patrimonio de Escobar Gaviria y que fue secuestrado en Colombia en virtud de haber sido producto del narcotráfico".
Para el tribunal quedó probada, en este estado de la causa, la vinculación delictiva entre los procesados.
Además, subrayó que "la modalidad" consistió en girar el dinero a la Argentina, previa remisión, en algunos casos, a Uruguay y Estados Unidos para evitar controles bancarios y de las autoridades.
Los camaristas expresaron que la totalidad de las maniobras "fue efectuada para ingresar dinero de presunta procedencia ilícita en el mercado argentino, para confundir su origen y así asegurar los beneficios económicos obtenidos por el narcotráfico".
La Sala I tomó intervención ante los recursos presentados contra la resolución dictada por Cavallo el 29 de diciembre último.
En aquella ocasión, el magistrado decidió dejar en libertad a Marroquín Santos (o Sebastián Escobar Henao) por considerarlo "partícipe" de la asociación ilícita.
A Dobniewski, por la supuesta compra de bienes que debió sospechar provenientes de actividades ilícitas le había impuesto un embargo de 500.000 pesos y a Stinfale 1.070 por las supuestas intimidaciones a la viuda de Escobar Gaviria.
La causa penal tuvo impulso procesal el 29 de octubre último, cuando, por tareas de inteligencia de efectivos del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterristas (DUIA), se determinó un "gran parecido físico" entre Santos Caballero (identidad con la que Henao Vallejos se movía en el país) y la viuda de Escobar Gaviria.
Pericias dactiloscópicas confirmaron luego las presunciones de los pesquisas y días después se arrestó a la mujer en el barrio de Núñez de la capital federal, donde se había radicado junto a su hijo y su nuera, con documento de identidad a nombre de Santos Caballero.
El hijo de la mujer y Escobar Gaviria posee documentación a nombre de Juan Sebastián Marroquin Santos, extendida, al igual que su progenitora y su compañera María de los Angeles Sarmiento por la Registraduría Nacional del Estado de Colombia.
Escobar Gaviria, el líder del Cartel de Cali, murió en Medellín en diciembre de 1993, baleado por miembros del ejército colombiano ante la resistencia que el narcotraficante opuso para evitar ser apresado.
Según constancias del sumario, los procesados por asociación ilícita armaron una sociedad en Uruguay, Galestar, para facilitar sus propósitos y Santos Caballero -tal como se la menciona porque se consideró auténtico al documento extendido por las autoridades colombianas- "era quien dirigía y disponía del dinero".
Entre los elementos de pruebas analizados por el juez figuran los dichos de los procesados, declaraciones testimoniales, procedimientos y allanamientos a escribanías, estudios contables y a bancos.