Piden cambios en las normas carcelarias
Lo requirió la Corte bonaerense en el marco de un fallo nacional
| 3 de Mayo de 2007 | 00:00
La Suprema Corte de la Provincia reiteró al Poder Legislativo “la necesidad de efectuar reformas” en las normas de ejecución penal y penitenciarias, para dar cumplimiento a un fallo de la Corte nacional referido a las condiciones de detención en los establecimientos carcelarios bonaerenses.
Concretamente, en una resolución dictada ayer la Corte bonaerense “exhortó a la Legislatura a que con la mayor celeridad posible adecúe la legislación de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales e internacionales indicados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la ‘causa Verbitsky’”.
Es que la resolución forma parte de un fallo que dictó en mayo del 2005 la Corte nacional por una demanda que había presentado Horacio Verbitsky, en representación del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), debido a las “condiciones inhumanas” que se registraban en los centros de detención en la Provincia, tanto en comisarías como en cárceles.
El máximo tribunal nacional había ordenado entonces que el Ejecutivo bonaerense dejara de alojar menores y enfermos en las comisarías; medida que se cumplió en su momento. Pero había solicitado también cambios en la legislación provincial referida tanto a las prisiones preventivas y las excarcelaciones (reformas que fueron efectuadas el año pasado), como a las normas de ejecución penal; punto éste último cuyo cumplimiento ahora reclama la Corte bonaerense.
Además en la resolución de ayer la Corte bonaerense requirió “al Poder Ejecutivo provincial que informe los avances y resultados logrados como consecuencia de la labor de la Mesa de Diálogo cuya organización le encomendara el Tribunal Superior de la Nación”.
El fallo, al que tuvo acceso este diario, fue firmado por el flamante presidente de la Corte Daniel Soria y los jueces Juan Carlos Hitters, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lázzari y Francisco Roncoroni.
Voceros judiciales consultados por este diario afirmaron que “este nuevo capítulo cuenta con antecedentes en los que este mismo tribunal procuró dar cumplimiento a la decisión de la Corte nacional”.
En ese sentido las fuentes recordaron que “en 2005 la Corte bonaerense ordenó a los jueces que hicieran cesar la detención de menores y enfermos en comisarías y que en lo sucesivo no admitieran ni dispusieran la detención de personas con esas condiciones en dichas dependencias”.
En aquel momento también se los instruyó para que aseguraran el cumplimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Y en esta oportunidad la Corte volvió a pronunciarse recordando que aún quedan pendientes los cambios requeridos en materia de legislación sobre ejecución penal y penitenciaria.
CASO BAHIA BLANCA
En otro orden, la Corte bonaerense rechazó ayer un requerimiento del destituido intendente de Bahía Blanca Rodolfo Lopes, quien había solicitado ser repuesto en el cargo hasta que se resuelva su planteo de conflicto de Poderes entre el Ejecutivo y el Deliberativo de aquel municipio.
Por mayoría, el máximo tribunal resolvió rechazar la solicitud de Lopes que promovió la suspensión de la ejecución del acto que tuvo lugar el pasado 24 de agosto. En aquel momento, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Bahía Blanca destituyó de su cargo a Rodolfo Lopes, quien luego se presentó ante la Corte para que se lo reincorpore en el cargo.
Como informó este diario Lopes fue destituido en agosto de 2006 durante una sesión del Concejo Deliberante bahiense, mientras que vale recordar que el 23 de junio del año pasado el mismo cuerpo lo había suspendido en sus funciones, en el marco de la mencionada investigación acerca de presuntas irregularidades.
De cualquier manera la Corte aún debe expedirse sobre la cuestión de fondo, que en rigor será la que pondrá fin al conflicto y decidirá sobre el futuro del ex intendente bahiense Rodolfo Lopes.
En relación a la sentencia definitiva, fuentes judiciales consultadas por este diario indicaron que “el paso siguiente será el dictamen de la Procuración sobre la cuestión de fondo para que luego las actuaciones regresen a la Corte que emitirá la decisión final”.
La mayoría para denegar el pedido de Lopes quedó conformada con los votos de Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Eduardo de Lázzari; mientras que en disidencia se expresaron Daniel Soria y Francisco Roncoroni.
Concretamente, en una resolución dictada ayer la Corte bonaerense “exhortó a la Legislatura a que con la mayor celeridad posible adecúe la legislación de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales e internacionales indicados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la ‘causa Verbitsky’”.
Es que la resolución forma parte de un fallo que dictó en mayo del 2005 la Corte nacional por una demanda que había presentado Horacio Verbitsky, en representación del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), debido a las “condiciones inhumanas” que se registraban en los centros de detención en la Provincia, tanto en comisarías como en cárceles.
El máximo tribunal nacional había ordenado entonces que el Ejecutivo bonaerense dejara de alojar menores y enfermos en las comisarías; medida que se cumplió en su momento. Pero había solicitado también cambios en la legislación provincial referida tanto a las prisiones preventivas y las excarcelaciones (reformas que fueron efectuadas el año pasado), como a las normas de ejecución penal; punto éste último cuyo cumplimiento ahora reclama la Corte bonaerense.
Además en la resolución de ayer la Corte bonaerense requirió “al Poder Ejecutivo provincial que informe los avances y resultados logrados como consecuencia de la labor de la Mesa de Diálogo cuya organización le encomendara el Tribunal Superior de la Nación”.
El fallo, al que tuvo acceso este diario, fue firmado por el flamante presidente de la Corte Daniel Soria y los jueces Juan Carlos Hitters, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lázzari y Francisco Roncoroni.
Voceros judiciales consultados por este diario afirmaron que “este nuevo capítulo cuenta con antecedentes en los que este mismo tribunal procuró dar cumplimiento a la decisión de la Corte nacional”.
En ese sentido las fuentes recordaron que “en 2005 la Corte bonaerense ordenó a los jueces que hicieran cesar la detención de menores y enfermos en comisarías y que en lo sucesivo no admitieran ni dispusieran la detención de personas con esas condiciones en dichas dependencias”.
En aquel momento también se los instruyó para que aseguraran el cumplimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Y en esta oportunidad la Corte volvió a pronunciarse recordando que aún quedan pendientes los cambios requeridos en materia de legislación sobre ejecución penal y penitenciaria.
CASO BAHIA BLANCA
En otro orden, la Corte bonaerense rechazó ayer un requerimiento del destituido intendente de Bahía Blanca Rodolfo Lopes, quien había solicitado ser repuesto en el cargo hasta que se resuelva su planteo de conflicto de Poderes entre el Ejecutivo y el Deliberativo de aquel municipio.
Por mayoría, el máximo tribunal resolvió rechazar la solicitud de Lopes que promovió la suspensión de la ejecución del acto que tuvo lugar el pasado 24 de agosto. En aquel momento, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Bahía Blanca destituyó de su cargo a Rodolfo Lopes, quien luego se presentó ante la Corte para que se lo reincorpore en el cargo.
Como informó este diario Lopes fue destituido en agosto de 2006 durante una sesión del Concejo Deliberante bahiense, mientras que vale recordar que el 23 de junio del año pasado el mismo cuerpo lo había suspendido en sus funciones, en el marco de la mencionada investigación acerca de presuntas irregularidades.
De cualquier manera la Corte aún debe expedirse sobre la cuestión de fondo, que en rigor será la que pondrá fin al conflicto y decidirá sobre el futuro del ex intendente bahiense Rodolfo Lopes.
En relación a la sentencia definitiva, fuentes judiciales consultadas por este diario indicaron que “el paso siguiente será el dictamen de la Procuración sobre la cuestión de fondo para que luego las actuaciones regresen a la Corte que emitirá la decisión final”.
La mayoría para denegar el pedido de Lopes quedó conformada con los votos de Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Eduardo de Lázzari; mientras que en disidencia se expresaron Daniel Soria y Francisco Roncoroni.
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