Nueva ofensiva de Montoya contra deudores bonaerenses
Firmó un convenio para inhibir a contribuyentes en juicio que transfieran autos en otras provincias
| 26 de Noviembre de 2008 | 01:00
El sabueso bonaerense, Santiago Montoya, sumó ayer una nueva herramienta en procura de cazar morosos y evasores del fisco provincial. Y a través de un convenio con autoridades nacionales, la Agencia de Recaudación (Arba) podrá trabar medidas cautelares e inhibir bienes de contribuyentes deudores que pretendan transferir vehículos en cualquier punto del país.
Este acuerdo reviste un importante interés para el fisco de la Provincia porque se estima que se podrá trabar un promedio de 1.500 medidas cautelares mensuales por una deuda aproximada de $ 5 millones por mes, lo cual anualmente alcanza a $ 60 millones.
El convenio fue suscripto por Montoya con el subdirector de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, Miguel Angel Gallardo.
Montoya expresó su satisfacción porque "éste es un paso adelante muy importante. La gran noticia para la sociedad es que con el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, trabajamos coordinadamente para hacer más eficiente nuestra tarea".
El acuerdo posibilita a la Arba acceder de manera informática a la anotación y al levantamiento de medidas cautelares en las bases del registro, dispuestas en el marco de las acciones judiciales iniciadas, con el objeto de cobrar tributos. La operatoria que se instrumente respecto de medidas cautelares sólo estará relacionada con inhibiciones generales de bienes que disponga Arba y serán incorporadas al sistema integrado de anotaciones personales que administra la Dirección Nacional.
Se trata de un convenio que acelera la transmisión de datos dado que la operatoria electrónica permite trabar las medidas de manera masiva, y mucho más rápido que si fuera manualmente con el intercambio de oficios en papel.
La acción tendrá efecto en cada registro seccional a partir de las cero horas del día siguiente al de su comunicación, y gozará de prioridad respecto de los trámites que se presenten en cada registro con posterioridad a esa oportunidad.
Para instrumentar este convenio, las partes integrarán una comisión técnica que definirá los pormenores necesarios para la puesta en marcha de la operatoria, especialmente en lo que hace a la intercomunicación de los organismos de forma que la información se transporte de modo seguro, confiable y a bajo costo.
La Agencia, por su lado, tendrá que brindar información específica para anotar en la base de datos la medida cautelar decretada. Se deberá consignar el tribunal en el que se tramita la causa judicial y la carátula del juicio, los datos completos del número de juicio en trámite, en el caso de que la medida caiga sobre una persona física, su nombre y apellido, DNI y CUIT, CUIL o CDI. Si la medida recae sobre una persona jurídica, será necesario detallar la razón social, los datos de inscripción y CUIL, CUIT o CDI.
Este acuerdo reviste un importante interés para el fisco de la Provincia porque se estima que se podrá trabar un promedio de 1.500 medidas cautelares mensuales por una deuda aproximada de $ 5 millones por mes, lo cual anualmente alcanza a $ 60 millones.
El convenio fue suscripto por Montoya con el subdirector de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, Miguel Angel Gallardo.
Montoya expresó su satisfacción porque "éste es un paso adelante muy importante. La gran noticia para la sociedad es que con el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, trabajamos coordinadamente para hacer más eficiente nuestra tarea".
El acuerdo posibilita a la Arba acceder de manera informática a la anotación y al levantamiento de medidas cautelares en las bases del registro, dispuestas en el marco de las acciones judiciales iniciadas, con el objeto de cobrar tributos. La operatoria que se instrumente respecto de medidas cautelares sólo estará relacionada con inhibiciones generales de bienes que disponga Arba y serán incorporadas al sistema integrado de anotaciones personales que administra la Dirección Nacional.
Se trata de un convenio que acelera la transmisión de datos dado que la operatoria electrónica permite trabar las medidas de manera masiva, y mucho más rápido que si fuera manualmente con el intercambio de oficios en papel.
La acción tendrá efecto en cada registro seccional a partir de las cero horas del día siguiente al de su comunicación, y gozará de prioridad respecto de los trámites que se presenten en cada registro con posterioridad a esa oportunidad.
Para instrumentar este convenio, las partes integrarán una comisión técnica que definirá los pormenores necesarios para la puesta en marcha de la operatoria, especialmente en lo que hace a la intercomunicación de los organismos de forma que la información se transporte de modo seguro, confiable y a bajo costo.
La Agencia, por su lado, tendrá que brindar información específica para anotar en la base de datos la medida cautelar decretada. Se deberá consignar el tribunal en el que se tramita la causa judicial y la carátula del juicio, los datos completos del número de juicio en trámite, en el caso de que la medida caiga sobre una persona física, su nombre y apellido, DNI y CUIT, CUIL o CDI. Si la medida recae sobre una persona jurídica, será necesario detallar la razón social, los datos de inscripción y CUIL, CUIT o CDI.
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