Obligarían a los jueces a afiliarse al IOMA

Avanza en la Legislatura un proyecto en ese sentido. Incluye a intendentes y legisladores. Para esos sectores, hasta ahora es optativo

Jueces, legisladores e intendentes serían obligados a afiliarse al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), de acuerdo a un proyecto que estuvo a punto de aprobarse ayer en la Cámara de Diputados provincial y que, si bien finalmente fue postergado, podría votarse la semana que viene.

La medida, que podría generar una fuerte polémica en distintos ámbitos, en especial en la Justicia, apunta a que los funcionarios que más cobran deban aportar obligatoriamente a la obra social y de esa manera contribuir a mejorar las finanzas del instituto.

En la actualidad los funcionarios públicos en actividad pueden afiliarse al IOMA en forma voluntaria pagando una cuota, pero el proyecto de ley en danza los obliga a adherirse abonando el 4,8% de sus ingresos. El restante 4,8% tendrá que ser aportado por el sector patronal, esto es, el propio Estado.

En rigor, existe un tratamiento diferente para empleados y funcionarios en relación al IOMA. Si bien todos cobran sueldos que paga la Provincia, los trabajadores estatales deben aportar obligatoriamente a la obra social, mientras que el resto tiene libertad para elegir la cobertura sanitaria.

Actualmente muy pocos legisladores son afiliados al IOMA y los jueces que tienen esta obra social se adhieren a partir de que trabajan en el Estado dictando clases. De esta forma, se les retiene el 4,8% de ese salario, no del que cobran como magistrados que es muchísimo mayor.

El proyecto fue presentado por el diputado platense Carlos Quintana y finalmente quedó postergado a raíz de ciertas dudas que generaron algunos de sus alcances. Por ejemplo, se incluía a todas las municipalidades, pero ocurre que hay algunas que tienen obra social propia como el caso de Bahía Blanca y Avellaneda. Si se obliga a los empleados a adherirse al IOMA, esas obras sociales desaparecerían.

Además, existían posiciones encontradas en torno de cómo incluir a los docentes de escuelas privadas que son subvencionadas por el Estado.

Pero más allá de estas cuestiones técnicas, trascendió cierto malestar de algunos sectores de la Justicia por esta decisión que estuvo a punto de plasmarse ayer y que habría llegado a algunos despachos de los legisladores.

Finalmente, los diputados decidieron esperar una semana más cuando todo indicaba que el proyecto sería aprobado ayer.

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