Dura respuesta de la Corte por las críticas a jueces

La Suprema Corte salió ayer al cruce de las críticas lanzadas por funcionarios de la Provincia contra algunos jueces -entre ellos el gobernador Daniel Scioli- a los que se responsabiliza por el crecimiento de la inseguridad. El tribunal señaló que "los magistrados ajustan su desempeño a un sistema jurídico integrado por los tratados internacionales, las normas constitucionales, legales y reglamentarias" y sostuvo que "no es la Justicia la que ha sancionado dicho bloque normativo". Y añadió que esos cuestionamientos "afectan la independencia" del Poder Judicial.

Los jueces de la Corte plantearon que existen "niveles de revisión" de los fallos y además, ante el eventual mal desempeño de los magistrados, pueden ser sometidos a un jury de enjuiciamiento, de manera tal que "no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial".

Los integrantes del máximo tribunal judicial de la Provincia se sumaron, así, a un grupo de jueces penales bonaerenses que esta semana denunciaron que en su tarea cotidiana sufren "insistentes presiones y amenazas" desde "los demás Poderes del Estado", a los que se refirieron como "únicos responsables" de las políticas en materia de seguridad.

Los cruces entre la Justicia y funcionarios provinciales se incrementaron en los últimos días, a partir de las polémicas resoluciones adoptadas por los jueces de Garantías, Nicolás Schiavo y Rafael Sal Lari, quienes dictaron medidas de morigeración de la prisión a detenidos acusados por gravísimos delitos.

Uno de los críticos más fuertes fue el gobernador Scioli, quien el último fin de semana acusó a algunos jueces de "frustrar" el trabajo de las fuerzas policiales al liberar a peligrosos criminales y dijo que "hace falta mayor firmeza" para luchar contra el delito. Sostuvo, en ese sentido, que "hay políticas hipergarantistas, hiperpermisivas, que en el tiempo han flexibilizado al máximo la Justicia".

RESOLUCION DE LA CORTE

En una resolución que lleva la firma de los jueces Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Kilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lázzari y Daniel Soria, y la Procuradora General (jefa de los fiscales), María del Carmen Falbo, la Corte fijó su "posición" frente a "las manifestaciones públicas que, desde diferentes ámbitos vinculan los factores de la inseguridad ciudadana al desempeño del Poder Judicial de la Provincia".

Los integrantes del tribunal sostuvieron que "los magistrados ajustan su desempeño a un sistema jurídico integrado por los tratados internacionales, las normas constitucionales, legales y reglamentarias" y remarcaron que "no es la Justicia la que ha sancionado dicho bloque normativo al que debe sujetar necesariamente su labor en un estado de derecho, como tampoco ha generado condiciones sociales de marginación, aún cuando no sean ellas el factor exclusivo de esta problemática".

Los jueces destacaron que "es legítimo disentir con el sentido de algunos pronunciamientos, como actos públicos que son", pero señalaron que "cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión y que el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o, en su caso, a la potestad disciplinaria en el seno del Poder Judicial".

Por eso, en un abierto cuestionamiento a los funcionarios, remarcaron que "no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial".

Los miembros de la Corte reclamaron, finalmente, "un esfuerzo serio y decidido para promover el bienestar general" y la asignación eficaz de los recursos "llevará consigo el ansiado mejoramiento de la seguridad ciudadana".