En la Provincia hay cerca de 30 personas bajo estricta protección

Una mujer que vio desde la ventana de su casa cómo su vecino cruzaba la calle y acuchillaba al vecino de enfrente. Un joven que declaró en un resonante caso de abuso a menores. Una chica que sabía que su hermano era el asesino que buscaba la policía. Ninguno se conoce. Nunca se vieron. Sin embargo, los tres tienen algo en común que les cambió la vida para siempre: declararon todo lo que sabían en alguna causa por delitos graves y desde entonces son testigos protegidos por la Justicia.

El pedido para proteger a alguien está a cargo del fiscal de la causa, después de evaluar si el testimonio sirve, si tiene seriedad y si existe un peligro fundado

Tuvieron que mudarse de ciudad y, en algunos casos, hasta de provincia. Con ellos, toda su familia también debió cambiar de rutina y comenzar una vida nueva en un lugar diferente. En nuestra provincia, desde que la Procuración de la Corte implementó el programa de testigos de identidad reservada, hace ya 14 años, pasaron por este sistema unas mil personas entre testigos y familiares. Actualmente, la Justicia bonaerense tiene a ocho personas protegidas luego de que declararan en alguna causa. Con sus familiares, suman cerca de treinta.

El dato fue confirmado esta semana por los propios responsables del programa, los cuales, como sus protegidos, eligen también mantener su identidad entre las sombras. “Hay que ser cautos -dice uno de los coordinadores-. En todos los casos se trata de delitos graves y debemos manejar una cautela que tal vez a muchos les resulte exagerada. Pero no tenemos otra alternativa”.

Pese al mito extendido por las películas norteamericanas -país donde el sistema se implementa desde hace décadas-, a ninguno de los testigos vernáculos se le cambia la identidad o se le da un doble juego de documentos. “Eso es una fantasía que tal vez flote en el imaginario colectivo -dice el fiscal platense Marcelo Romero-, pero en la práctica no ocurre. Acá no hay cambios de identidad ni cirugías para cambiarle el aspecto a nadie. Lo único que se busca es proteger a la persona, y para eso hay que hacerla invisible”.

¿Cómo se lo hace o intenta hacer? Una vez que el testigo entra al programa de protección, lo primero que se le busca es una casa, un cuarto de hotel, un departamento o lo que fuere para que él y su grupo familiar se instalen lejos de su lugar de residencia original. No se le da dinero pero se lo asiste con comida y asistencia médica en caso que sea necesario. También se ubica un nuevo colegio para sus hijos, se le asigna una custodia -que corre por cuenta de alguno de los 50 policías que tiene destinados el programa- y se acuerda con la persona custodiada el tiempo en que estará bajo protección, aunque ese plazo nunca supera los seis meses.

“No le damos plata pero se lo ayuda a buscar un empleo en su nuevo lugar -cuentan desde el programa-. Hace poco, por ejemplo, tuvimos el caso de un hombre que trabajaba en la pesca y que declaró en una causa por homicidio. A esa persona lo mandamos a Mar del Plata y lo ayudamos a conseguir un trabajo en el puerto. En todos los casos, por más que hayan pasado más de seis meses de la custodia, siempre dejamos un contacto para que el testigo se comunique con nosotros ante cualquier eventualidad. Hasta el momento, pese a que fueron casi mil las personas que pasaron por este sistema, nunca tuvimos ninguna filtración de información y todos los que se mudaron pudieron rehacer sus vidas en su nuevo lugar”.

Salvo excepciones, los protegidos tampoco pueden comunicarse a través de un teléfono. Pueden hablar con familiares, pero siempre usando los celulares que les de la custodia. A los lugares donde los llevan no hay teléfonos, sobre todo para evitar que los chicos hablen. Una simple e inocente llamada a un amigo, dicen quienes coordinar el sistema de protección, puede estropear toda la maquinaria de resguardo.

EN RIESGO

El pedido para proteger a alguien está en todos los casos a cargo del fiscal de la causa, después de evaluar si el testimonio sirve, si tiene seriedad y si existe un peligro fundado para el testigo. A decir verdad, explican quienes trabajan en el tema, la protección de testigos era algo que hasta antes del año 98 se llevaba a la práctica en forma inconexa. Básicamente, cuando la policía advertía que una persona corría peligro y se trataba así de protegerla. El problema era que cada comisario hacía lo que le parecía de acuerdo con su criterio y no existía una supervisión directa de la Justicia.

“Lo bueno del sistema es que protege a todo el grupo familiar”, dice Romero, aunque aclara que cambiar de vida “siempre es la parte más complicada. El desarraigo nunca es sencillo, sobre todo si se trata de casos en los que hay involucrados chicos que deben cambiar de colegio y dejar de ver a sus amigos”. Sobre esto, y si bien reconocen las dificultades que puede traer un cambio de vida radical, los responsables del programa aseguran que, en casi todos los casos, “las personas que se protegen no están atadas a un empleo formal y ven en el cambio una chance de empezar una vida más tranquila que la que venían llevando”.

Discutible o no, lo que dicen en el programa de la Corte bonaerense revela en parte el trasfondo social de la cuestión: en los cientos de casos que se acumulan en los legajos de la Procuración, lo primero que cae de evidente es que la mayoría de las personas que presenciaron un delito grave y están bajo resguardo son desocupados o con empleos informales. Familias pobres. Gente a la que cambiar de vida tras haber declarado se le presenta como una alternativa más que como un verdadero peligro.

“Siempre se acuerda con el testigo los pasos a seguir -aseguran desde la Procuración provincial-. Una vez que lo destinamos a su nuevo lugar, se le pide que informe sus movimientos a la custodia. Tratamos de limitarlo poco y que tanto él como su grupo familiar lleven una vida lo más normal posible, pero hay recaudos que se deben tomar necesariamente. En un primer momento le pedimos que no vaya a lugares muy concurridos y que evite salir de noche. Pero todo se acuerda, se charla. En el caso Grassi, por ejemplo, uno de los dos testigos protegidos que teníamos quería hacer un curso de inglés mientras estaba bajo protección. Le buscamos un instituto y lo hizo, pero siempre dando antes la información necesaria a su custodia”.

CUESTIONAMIENTOS

Los datos del programa provincial indican que el distrito judicial con más pedidos para proteger testigos es Lomas de Zamora, seguido por San Isidro, La Plata y San Martín. Y si bien quienes coordinan las medidas de resguardo aseguran que el sistema resultó un éxito en los años que se lleva ejecutando, no todos dentro del ámbito judicial ven con buenos ojos la puesta en marcha del programa.

“Es una modalidad aberrante”, dispara el abogado Carlos Irisarri, profesor de Derecho Penal y ex director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de La Plata. Según su visión, la modalidad de resguardar la identidad de un testigo “es endeble porque la identidad no se puede mantener en reserva durante el juicio, y además es filosóficamente muy cuestionable, dado que se pretende eficientizar la búsqueda de la verdad a cualquier costo. Me parece bien que el Estado proteja a quien declare en una causa compleja, pero no se puede oficializar una práctica oscura que lo único que promueve es la delación”.

Si bien defiende el espíritu del programa, el fiscal Romero coincide en algo de lo que dice Irisarri: “hay ciertos puntos oscuros dentro del sistema que nos obligan a replantearnos algunas cosas. Y tal vez lo más importante sea que no hay garantías absolutas para el testigo. Quien dice lo contrario miente, porque basta con mencionar el caso Julio López para derribar cualquier defensa. La desaparición de López deja sin argumentos al programa, porque ahí tenemos que reconocer que el Estado fracasó”.

Los cuestionamientos para el programa no sólo se pueden oír dentro de la Justicia. Se conocen algunos casos donde los propios testigos denunciaron fallas del programa. Uno de ellos, y tal vez el más emblemático, es el de Anibal Cabrera, testigo protegido del caso Garriador y quien denunció hace ya casi una década que por declarar en la causa perdió a su familia, su trabajo y hasta fue desalojado de la pensión que le pagaba la Procuración. “El sistema es un engaño -dijo Cabrera en su momento-, porque una vez que uno declara sólo te dan un plato de comida y te dejan abandonado”.

Cabrera había visto el 28 de julio de 1995 cómo asesinaron de cinco tiros en el pecho a Silvia Garriador, la mujer del empresario platense José Grisolía. “Jamás voy a olvidar el cuerpo destrozado de la joven y su cara de desesperación cuando recibía los disparos”, afirmó el hombre que reconoció en el juicio oral y público al autor de los disparos, Luis Prato, y a la persona que lo acompañaba, Pedro Jadra Tau.

Cabrera fue uno de los primeros testigos que declararon en La Plata bajo identidad reservada. El último es un joven de unos 30 años que presenció un homicidio en un barrio de la periferia platense. Su declaración sirvió para que atraparan al culpable. Y ahora, según informan en la Procuración, vive desde hace dos meses una nueva realidad en la provincia de Córdoba. Con el mismo nombre. Pero con otra vida.