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Lo dijo el fiscal Romero en un escrito con el que pidió la prisión preventiva y el agravamiento de cargos contra el imputado por presuntos abusos
Jorge Cristian Martínez Poch cumplirá el próximo 19 de noviembre sus 50 años. Y parece que será en la cárcel. Es que el fiscal Marcelo Romero pidió ayer la prisión preventiva para este hombre que primero fue acusado de raptar y maltratar a su novia, y después de corromper y abusar de sus dos hijas. El funcionario formuló el planteo antes del límite previsto (vencía el próximo lunes y podía prorrogarlo por 15 días más) y ahora será el juez Jorge Moya Panisello el que resuelva si accede al pedido, así como al encuadre legal previsto por Romero.
A criterio del fiscal, Martínez Poch debe ser imputado de “privación ilegal de la libertad doblemente agravada por la violencia y amenazas con las que se cometió”, por los padecimientos que habría sufrido la abogada Vanessa R., “en concurso real con corrupción de menores agravada por violencia, amenazas, intimidación, coerción y el vínculo de parentesco y abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima”, en virtud de los hechos denunciados por sus hijas. El magistrado ya había avalado esos cargos, por los que el acusado fue indagado dos veces (en la primera audiencia habló y en la última se negó a hacerlo), pero el fiscal pidió ahora que se le agrave la imputación. Es que Vanessa R. amplió su testimonio el miércoles pasado, agregando nuevos detalles sobre el infierno que habría vivido junto a este ingeniero en sistemas acústicos desde aproximadamente el 6 de septiembre, y hasta que la DDI la rescató, el 23 de ese mismo mes.
Según expone Romero en su pedido de preventiva, hay “elementos suficientes e indicios vehementes para sospechar” que durante ese lapso y en el departamento de Martínez Poch, en 23 entre 58 y 59, la abogada fue sometida, contra su voluntad expresa, “a relaciones y prácticas sexuales aberrantes”, siendo accedida “carnalmente -vía oral, anal y vaginal- con violencia y amenazas y mediante el empleo de medios hipnóticos o narcóticos que generó que la nombrada no haya podido consentir la ejecución de las mismas”.
“En su largo y minucioso relato, (la víctima) manifestó las prácticas y abusos sexuales a las que fue sometida, rayanas a una situación de servidumbre”, describió Romero al solicitar que al imputado se le agreguen los cargos de “abuso sexual con acceso carnal calificado por la duración y las circunstancias de su realización”.
“CHACAL”
En otro tramo de su presentación, Romero se refirió a los testimonios aportados por las dos hijas de Martínez Poch, quienes tienen actualmente 19 y 20 años, se presentaron en la UFI apenas el caso se hizo público y contaron que su odisea comenzó con la muerte de su madre, en el año 2000.
“No existe poder de síntesis capaz de abreviar e ilustrar las atrocidades y la perversión a las que se vieron sometidas las víctimas, quienes -sin el mínimo espacio de libertad decisoria y ambulatoria- se vieron obligadas a convivir con un chacal”, destaca el fiscal. Las chicas se mudaron con su abuela cuando la mayor cumplió 15 y expusieron su caso en varias denuncias, aunque sin resultados. Hasta ahora.
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