El proyecto de autarquía judicial va a la Legislatura

EL GOBERNADOR DANIEL SCIOLI, JUNTO AL MINISTRO DE JUSTICIA, RICARDO CASAL, Y EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE, DANIEL SORIA

El Poder Judicial bonaerense dispondrá de un “cupo presupuestario mínimo” para asegurar su funcionamiento, que se corresponderá con el 5,50% del total de los gastos de la Provincia a partir de 2016 y que llegará en forma paulatina al 7% en 2019. Además, la Suprema Corte será la encargada de negociar salarios con los trabajadores y tendrá potestades para fijar los sueldos de los jueces.

Así lo establece el proyecto que otorga autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera a la Justicia provincial que el Ejecutivo bonaerense que enviará hoy a la Legislatura.

De acuerdo al borrador de la iniciativa a la que tuvo acceso este diario, el alto tribunal con la participación del Ministerio Público, deberán elaborar el presupuesto del Poder Judicial que tendrá que ser incorporado “sin modificaciones” al cálculo de recursos y gastos de la Provincia.

El proyecto será presentado hoy durante un acto que encabezarán el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia, Ricardo Casal, y es el cuerpo principal de otras dos iniciativas que el Ejecutivo enviará al Parlamento (ver aparte).

LOS RECURSOS

El artículo 3 del proyecto establece la forma en que se financiará el presupuesto del Poder Judicial. Así, se menciona que la “cuantía” del presupuesto resultará de aplicar el porcentaje del 8,95% sobre el total que arroje la suma de los recursos de origen provincial más los recursos de jurisdicción nacional que perciba la Provincia en cada ejercicio, en ambos casos “antes de cualquier deducción o afectación”.

También se especifica que el porcentaje aludido “equivale al 7% del total de las erogaciones, gasto o inversiones “por cualquier concepto, fuente u origen”. Y añade: “Esa equivalencia deberá mantenerse en la elaboración presupuestaria correspondiente a ejercicios futuros”.

Para el cálculo de las equivalencias, se toma como base el Presupuesto 2014.

Otro aspecto importante de este artículo tiene que ver con la forma en que se asegurará un piso de ingresos mínimos para la Justicia. Así, se establece que si los recursos afectados al cálculo del Presupuesto fueran menores al 7% del total de los gastos de la Provincia, esa merma deberá ser compensada a través de una ampliación presupuestaria.

Pero, como se mencionara, los porcentajes presupuestarios del 8,95% de los recursos de la Provincia se alcanzarán en etapas:

-En 2016 la participación porcentual correspondiente a la Justicia será del 7% de los recursos y equivalente al 5,50% de las erogaciones totales de la Provincia.

-En 2017 el porcentaje será del 7,65% y equivalente al 6% del total de gastos bonaerenses.

-En 2018 el porcentaje se fijará en el 8,30% y será equivalente al 6,50% del total de erogaciones.

-Finalmente, se llegará al ejercicio 2019 al 8,95% de los recursos equivalentes al 7% del total de los gastos de la Provincia.

El incremento de recursos para el Poder Judicial crecerá entonces 2,2%, teniendo en cuenta que actualmente, el porcentaje de participación porcentual para el área fijado para el Presupuesto 2015 es de 4,88%.

Del total presupuestario que gestione el Poder Judicial, el 65 por ciento será gestionado por la Suprema Corte, y el 35 por ciento restante, por la Procuración.

AUTONOMIA Y PARITARIAS

Con la autarquía, el Poder Judicial tendrá autonomía en la administración de sus recursos para el servicio de justicia, mantenimiento, infraestructura y política salarial. Se trata de un impulso del Poder Ejecutivo fundamentado en otorgarle a la Justicia las herramientas económicas y administrativas necesarias para una mayor independencia.

El Gobernador había anunciado al presidente de la Corte, Daniel Soria, su decisión de enviar el proyecto en junio pasado. Y desde entonces trabajaron en lograr un texto consensuado el ministro Casal y los integrantes del máximo tribunal.

Los mecanismos previstos en la iniciativa proporcionan a la Corte y a la Procuración la facultad de ejecución de un plan de infraestructura edilicia, la innovación tecnológica y la descentralización y desconcentración territorial de órganos y dependencias, además de otras cuestiones de gestión judicial, como la puesta en funcionamiento de nuevos departamentos judiciales.

Además, el máximo tribunal dirimirá la política salarial de jueces, funcionarios y empleados judiciales, recurriendo a los mecanismos vigentes de la negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo. Es decir, las paritarias anuales que mantenían los trabajadores judiciales con el Poder Ejecutivo serán ahora en el ámbito del máximo tribunal.

Pero en el proyecto se indica que la Corte consultará también a las asociaciones de magistrados y funcionarios judiciales a la hora de disponer la jerarquización salarial de toda la escala y fijar el escalafón.

El texto de la norma señala que se propenderá a una “gradual y progresiva” relación con las remuneraciones promedio de la Justicia nacional “para todo el personal”, apuntando a igualarlas.

En ese sentido, distintas asociaciones de jueces y funcionarios judiciales de la Provincia realizaron durante el año más de un señalamiento respecto del atraso salarial del sector, al tiempo que solicitaban impulsar una ley de autarquía.

Con críticas al Poder Ejecutivo, el Colegio de Magistrados de la Provincia venía reclamando desde marzo por el “grave deterioro” de los ingresos de jueces y funcionarios y pedía participar de la negociación salarial, ya que las últimas actualizaciones de sueldos se alejaban de la media de las demás provincias y de las remuneraciones del Poder Judicial de la Nación.

El proyecto de ley ingresará hoy a la Legislatura provincial contemplará, además, la creación de una comisión bicameral para el seguimiento de su aplicación, integrada por seis diputados y seis senadores, que podrán requerir los informes pertinentes y efectuar propuestas y recomendaciones a los otros dos poderes.

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