La Justicia admite reclamos por “prótesis truchas”

La Cámara Civil abrió la vía para que los reclamos contra las prótesis mamarias PIP, que provocaron daños en la salud de miles de mujeres en el mundo, se tramiten ante los tribunales argentinos como “acción de clase” o “acción colectiva”.

En Argentina se estima que unas 15 mil mujeres tienen implantes mamarios PIP, elaborados con un gel de silicona no aprobado, pero sólo 800 de ellas recurrieron a la Justicia por los daños que provocaron en su salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), dependiente del ministerio de Salud de la Nación, prohibió los implantes PIP en marzo de 2010.

Ahora, la Sala B de la Cámara intervino en el expediente en el que Virginia Daniela Luna encabezó un colectivo de mujeres que reclamó a la empresa francesa Poly Implant Prothese (PIP) por los daños que sufrieron como consecuencia del implante de las prótesis.

En primera instancia el fallo había desestimado la demanda colectiva y la recondujo a reclamos individuales por cada uno de los miembros, lo que significó cientos de juicios por separado en los más de 100 juzgados civiles, sólo en capital federal.

Ahora, la Cámara determinó que “es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental”. El fallo no admite en forma explícita la acción colectiva, sino que señala el camino para que sea aceptada.