Hotesur: directorio con la familia presidencial

Mientras la Justicia investiga si Hotesur realizó maniobras para lavar dinero, familiares directos de la presidenta Cristina Kirchner pasaron a formar parte directa del directorio de la firma.

Los hijos de la jefa de Estado, Máximo y Florencia Kirchner, una sobrina, su hermana y su nuera ya son parte de la dirección de la empresa que tiene a su cargo la administración del Alto Calafate.

LA HIJA DE ALICIA

Según el Boletín Oficial publicado el pasado lunes 22, Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, es la presidente de la empresa, mientras que su hermana Giselle Fernández y su nuera Rocío García son las dos directoras de la firma.

En tanto, Máximo y Florencia figuran como directores suplentes, al igual que Carlos Sancho, socio del hijo de la Presidenta.

La constitución de este nuevo directorio implica el desplazamiento de Adrián Berni, Alejandro Ruiz y Roberto Saldivia, tres nombres que además de llevar años en sus cargos eran personas muy vinculadas a Lázaro Báez.

De esta forma, se apartó a tres figuras que la vinculaban con el polémico empresario Lázaro Báez y al consejero inmobiliario de su marido, al tiempo que sumó a toda su familia al negocio hotelero en El Calafate.

Además, la sociedad, eje de una investigación judicial, brinda ahora un nuevo domicilio.

De acuerdo al acta de la asamblea realizada en marzo de este año, pero publicada recién hace cuatro días en el Boletín Oficial, además de los profundos cambios en el directorio, ahora presidido por su sobrina Romina Mercado, también se informó que desde diciembre de 2013 se trasladó el domicilio de la sede social, que ahora estaría en la avenida Leandro N. Alem 530, piso 3.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Hace apenas un mes estalló una profunda controversia en torno a la sociedad dueña del hotel que adquirió Néstor Kirchner en 2008.

Fue cuando el juez federal Claudio Bonadio, quien investiga presuntas anomalías registrales en la firma Hotesur, allanó la oficina del cuarto piso de Lavalle 975, el domicilio declarado oficialmente, y encontró una oficina vacía.

En un duro comunicado, la firma relativizó las fallas por las que se la investiga y criticó a los medios de comunicación por “presentar como delictivo” el incumplimiento de trámites ante la Inspección General de Justicia (IGJ), como el cambio de domicilio de la sociedad, en lo que se constituyó en otro episodio del enfrentamiento del Gobierno con la Justicia.