Revés judicial para Moreno y Reposo por datos falsos en acta de Papel Prensa

El agregado comercial de la Embajada argentina en Italia y ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, más otros cinco funcionarios, seguirán siendo investigados por supuestas irregularidades en documentación de Papel Prensa.

La Sala Dos de la Cámara Federal revocó por "prematura" y "apresurada" la decisión de sobreseer a todos los imputados, que había dictado el juez federal Daniel Rafecas, y ordenó al magistrado avanzar en la investigación, con la posibilidad incluso de llamarlos a declaración indagatoria.

"Las evidencias aportan aval a la hipótesis del acusador (...) dando pie a un grado primario de sospecha respecto del carácter delictivo de los comportamientos denunciados", sostuvo el fallo, e hizo mención a que "los imputados efectivicen sus actos de defensa" declarando frente al juez.

En esta ocasión, la Sala Dos votó en forma dividida: los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun por revocar los sobreseimientos, mientras que Carlos Farah se inclinó por ratificarlos, que habían sido apelados por la fiscalía y la querella.

La causa se inició por una denuncia del Grupo Clarín, sobre la presunta inserción de datos falsos en el acta pública de la asamblea de accionistas de Papel Prensa, realizada el 20 de octubre de 2010.

Según la acusación, allí se habría consignado que la Asamblea votó a favor de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) designara a un contador certificante de los estados contables de Papel Prensa S.A. y una copia de esa Acta se presentó en el juzgado en lo Comercial 2.

La nota, según la Resolución, estaba firmada solamente por escribana adjunta de la Escribanía General de la Nación, Vanina Capurro, quien es otra de las acusadas junto a Moreno, Reposo, Beatriz Montoya, Fabio Trossero, Alberto González Arzac y Agustín Tarelli.

En la etapa de instrucción todos estuvieron imputados de los supuestos delitos de "falsedad ideológica de documentos públicos" y "peculados de servicios", que en Código Penal prevén condenas de 1 a 6 años de cárcel y de 2 a 10 años, respectivamente