Apuran el proyecto que crea el nuevo organismo de Inteligencia

Con la firma del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Justicia, Julio Alak, la Casa Rosada cumplió ayer en enviar al Senado el proyecto anunciado por la Presidente para crear una nueva Agencia Federal de Inteligencia, en lugar de la Secretaría de Inteligencia, que se resolvió disolver.

La iniciativa fue ingresada en la Cámara alta luego de que se publicara en el boletín oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias, tal como había adelantado Cristina Kirchner en su mensaje pronunciado el lunes por cadena nacional. El debate se iniciaría el próximo martes en comisión.

“No es sólo un cambio de nombre. No se trata de cambiar algo para que nada cambie. Es más profundo que la mera disolución de la ex SiDE”, afirma el texto del proyecto en su introducción.

De acuerdo con la propuesta, las actividades de inteligencia interior “quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal compleja o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático conforme lo establece la Constitución Nacional”.

En cuanto a la creación de la nueva agencia, se indica que su misión “será la dirección y coordinación de la misma y la producción de inteligencia en defensa de la Nación ante amenazas internacionales de, entre otras, terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, económicas y financieras”.

El proyecto dispone que se transfiera a la agencia “las competencias y el personal que se requiera de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad”.

En el artículo que dispone la disolución de la Secretaría de Inteligencia, se ordena que se “transfiera la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio” de esa dependencia a la que se crea a través de esta norma. “El personal mantendrá sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios”, agrega.

En relación a la conducción del nuevo órgano, el texto detalla que tendrá un director general, con rango de ministro, y un subdirector, con rango de secretario de Estado. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo con conformidad del Senado. No hay especificaciones sobre la duración de su mandato, sino que se establece que será potestad del Poder Ejecutivo ordenar el “cese” de esos funcionarios. Ese punto representa una marcha atrás respecto a los cuatro años de mandato que había mencionado Capitanich días atrás y que había generado resistencias en otras fuerzas.

En constancia de los anticipado por la Presidenta, la medida postula transferir el control de las observaciones judiciales (esto es las escuchas telefónicas) al Ministerio Público Fiscal. Así, la Procuración General será la encargada de “ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo u ordenadas por la autoridad judicial competente.

Ese fue uno de los puntos sobre los que la oposición había manifestado sus resistencias, arguyendo que en la actualidad la titularidad de esa dependencia, en manos de Alejandra Gils Carbó, carece de la imparcialidad que se le exigiría para tales tareas.

En los fundamentos del proyecto se reafirman los “denodados esfuerzos tendientes al esclarecimiento de los atentados” y se asegura que fue a partir de la firma del memorándum con Irán, en 2013, que se observó que “desde la ex SIDE, integrantes de esos servicios de información comenzaron a actuar en contra de la decisión del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, razón en la se argumenta la designación de nuevas autoridades.

Las principales fuerzas no kirchneristas ya manifestaron sus desacuerdos con algunos de los puntos planteados, y adjudicaron la voluntad de reforma del Gobierno a un intento por desviar la atención del escándalo que provocó la misteriosa muerte de Alberto Nisman.