Germán Carlos Garavano, próximo ministro de Justicia

Germán Carlos Garavano, abogado y ex fiscal general porteño, será el próximo ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri y entre sus objetivos figuran "volver a generar respeto a las leyes, aumentando los costos de la  corrupción", así como también realizar "correcciones" de carácter  "urgente" al "Código Procesal Penal federal".

Garavano, actual consejero suplente del Consejo de la  Magistratura de la Nación, es un abogado que nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1969, tiene 46 años y se desempeñó como fiscal  general de esta ciudad desde el 2007 hasta el 2014, período que  comprendió la mayor parte de los dos mandatos de Macri como jefe de Gobierno. Ingresó a la Justicia a los 18 años en el fuero federal penal  y pasó por todos los cargos de la carrera judicial hasta ser  secretario de Juzgado, y desde el 2003 al 2007 fue juez por concurso de  oposición y antecedentes de esta ciudad.

A su vez, entre el 2004 y 2006 se desempeñó como consejero del  Consejo de la Magistratura porteña, y fue vicepresidente y  miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las  Américas (CEJA) elegido por la Asamblea General de la OEA, cargo  que ocupó desde el 2005 hasta el 2007. Y desde el 2009 hasta la actualidad, ejerce como  vicepresidente segundo del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y  Asesores Generales de la República Argentina.    
Autor, coautor y director de 15 libros sobre la materia judicial, Garavano también tiene una extensa actuación académica y  varios artículos publicados en el país y en el extranjero. En su última nota de opinión publicada en el diario La Nación  el 18 de noviembre, Garavano sostuvo que "los argentinos han perdido la confianza en las instituciones públicas y en la capacidad del sistema para brindar respuestas a sus problemas", por eso,  propone que "a partir del 10 de diciembre debemos empezar a reconstruir  la fe en el sistema". En este sentido, propone "volver a generar respeto a las  leyes, aumentando los costos de la corrupción y garantizando que los  delincuentes reciban una sanción", propone. "La normalidad debe comenzar a reconstruirse a partir del  nuevo gobierno, aunque este proceso implique la utilización de algunas  medidas drásticas", advierte, y completa: "Una de las  correcciones más importantes y urgentes en este sentido es la del Código  Procesal Penal federal".    

"Esta ley, que parece haber sido hecha para no implementarse,  debe ser reformada en varios aspectos sustanciales, para  convertirla efectivamente en un instrumento para la persecución penal del  narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos en el  territorio de nuestro país", señala el futuro ministro de Justicia.