Acusan a concejal K de regentear prostíbulos

Una organización no gubernamental que lucha contra la trata de personas, denunció que una concejal kirchnerista de San Antonio de Areco sería dueña de una red de prostíbulos que funcionarían en capital federal.

Se trata de la Fundación La Alameda, que afirmó que la edil y ex directora de Tierras Fiscales de la Provincia, Angelina Zapico, “es dueña de una red de prostíbulos instalados en el microcentro porteño”.

La denuncia fue presentada por el candidato a legislador porteño de Bien Común, Lucas Schaerer, quien hizo una presentación ante la Fiscalía Federal Nº 6, a cargo de Federico Delgado, donde pidió que se investigue a la edil del Frente para la Victoria y a varios de sus socios y familiares.

Schaerer asegura que supuestos bares en el centro de la ciudad de Buenos Aires cuya dueña es Zapico, en realidad son prostíbulos.

El más famoso de ellos es el Café Orleans, en la avenida Córdoba.

Según la denuncia, la mayoría de las mujeres que trabaja allí son extranjeras. La Alameda exigió “que el Estado se haga cargo de su protección”.

Esta ONG es liderada por el dirigente Gustavo Vera, una persona de confianza del Papa Francisco.

Schaerer acompañó a la denuncia una cámara oculta realizada el 9 de abril en el Café Orleans, donde queda al descubierto la mecánica del lugar, que de acuerdo a la presentación, “contaría con la protección de funcionarios de la Policía Federal”.

“Lo que hacen es aprovechar la habilitación como bares para encubrir la actividad prostibularia”, explicó Schaerer.

La denuncia también alcanza al padre de la ex funcionaria bonaerense, José Antonio Zapico, de nacionalidad española; a quien sería su madre, Celsa Concheso Álvarez de Zapico; a una supuesta familiar, Mariana Zapico; y a los socios de Angelina Zapico en Loch Ness SRL: Segundo Gómez y Ares, Manuel Vásquez López y Andrés Cardozo.

Schaerer pidió que todas las personas mencionadas sean investigadas por asociación ilícita, e infracciones a la ley de migraciones, la ley de profilaxis y al artículo 145 bis del Código Penal, que reprime al que “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación”.

Zapico, en tanto, fue denunciada por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.