Ordenan entregar documentos secuestrados en causa Hotesur

Así lo dispuso el juez Daniel Rafecas, quien envió un oficio a la Policía Metropolitana para entregar los soportes informáticos con la documentación que se había incautado en los allanamientos realizados en el sur

 

El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy a la Policía Metropolitana entregar toda la documentación  digital que secuestró en los allanamientos que se hicieron hace  unas semanas en Santa Cruz en el marco de la causa Hotesur, la  investigación que salpica a los hoteles de la familia de la presidenta  Cristina Fernández.    

Fuentes del caso confirmaron a DyN que Rafecas envió un oficio  a la Policía Metropolitana para entregar los soportes  informáticos con la documentación que se había incautado en los allanamientos  realizados en el sur.    

Mientras, la documentación en papel ya había sido remitida  directamente al juzgado de Rafecas, porque estaba siendo trasportada  vía terrestre desde Santa Cruz a Buenos Aires cuando la Sala I de  la Cámara Federal dispuso el apartamiento del juez federal Claudio  Bonadio del caso por presunta parcialidad.   

Según se indicó, ahora Rafecas dispuso que los soportes  informáticos -discos rígidos, DVD´s y pen drives- que la Policía  Metropolitana había secuestrado fueran remitidos a la Prefectura.    

Hotesur, presidido por Romina Mercado -sobrina de la  presidenta Cristina Fernández-, es la empresa que administra los hoteles  que la familia Kirchner tienen en el sur del país.    

En noviembre pasado, el juez Bonadio abrió una investigación  para esclarecer si la compañía cometió irregularidades en la  presentación de sus balances, por impulso de la diputada Margarita  Stolbizer; y luego el fiscal Carlos Stornelli amplió la pesquisa al  delito de lavado de dinero por el alquiler de las habitaciones en  esos hoteles por parte del empresario Lázaro Báez.    

El 12 de julio pasado, Bonadio dispuso una serie de  diligencias en Santa Cruz para pedir información sobre 35 empresas, como  bancos y firmas del contratista de obra pública Lázaro Báez, socio de  la Presidenta, y ex administrador del Alto Calafate.    

Como el procedimiento le fue ordenado a la Policía  Metropolitana, el Gobierno vinculó a Bonadió con el jefe de Gobierno porteño  y candidato presidencial Mauricio Macri.    

Tras esas diligencias, la Sala I de la Cámara Federal dispuso  de oficio separar a Bonadio de la causa por entender que había  perdido la imparcialidad y anuló unos peritajes a pedido de la  defensa.    

La causa pasó a manos del juez Rafecas quien, a partir del  lunes próximo, cuando se reanude la actividad judicial tras la feria  de invierno deberá resolver si la nulidad fijada por la Cámara  Federal implica también que queden en la nada los allanamientos que  se hicieron el sur y que se devuelva el material secuestrado allí.  

 

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