La campaña de Dilma, financiada con sobornos

La constructora brasileña Andrade Gutiérrez usó dinero de obras sobrefacturadas para hacer donaciones a la campaña de la presidenta Dilma Rousseff en 2014, según reveló el ex presidente de la empresa, Octavio Márques de Azevedo, quien fue detenido en junio pasado. En declaraciones a los investigadores de la Operación Lava Jato, citadas ayer por la prensa brasileña, Márques de Azevedo asegura que la constructora Andrade Gutiérrez donó 20 millones de reales -unos cinco millones de dólares- a la campaña de reelección de Rousseff, y cantidades suplementarias en las campañas de 2010 y 2012.

Unos 10 millones de reales (2,5 millones de dólares) provinieron de contratos de obra pública que la constructora -la segunda mayor del país- obtuvo de forma ilícita, según el diario Folha de San Pablo, que cita documentos policiales. El ex presidente de la empresa brasileña, acusada de formar parte del “cártel” de empresas que participó en el esquema de desvíos de cientos o miles de millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras, entregó incluso documentos detallando la cantidad y los receptores de la propina a cambio de cada obra pública en la que la empresa participó.

Las donaciones al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) supuestamente legales pero de fondo ilícito –si se confirma el origen ilegal del dinero- se remontan a las campañas presidenciales de 2010 y a las municipales de 2012, pero las revelaciones sobre la campaña de 2014 son las que pueden tener un impacto político. Esto es porque el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ya está investigando la financiación del PT en los últimos comicios y, si confirma que dinero de la corrupción sirvió para pagar la campaña, podría invalidar las elecciones y provocar la caída del gobierno de Rousseff.

Los 11 ex funcionarios de Andrade Gutiérrez investigados en la Operación Lava Jato y que aceptaron confesar todo lo que saben a cambio de una reducción de la pena (en lo que se conoce como “delación premiada”) también acusaron al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –socio de la coalición gubernamental hasta hace dos semanas- de recibir fondos ilícitos.

El dinero ilícito provendría, según los ex ejecutivos, de multimillonarios contratos obtenidos en la construcción de la presa hidroeléctrica Belo Monte, la central nuclear Angra 3 y el Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (COMPERJ), tres de las mayores obras de ingeniería de Brasil en la última década y fuentes de escándalos por corrupción y retrasos. Sin embargo, el esquema de sobrefacturación de obras a cambio de licitaciones fraudulentas también afectaría a otros proyectos como varios de los estadios de fútbol construidos para la Copa del Mundo de 2014.

La mandataria ya enfrenta el riesgo de un juicio de destitución (impeachment), por presunto maquillaje de las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015. Si el impeachment se aprueba, sería sustituida por su vicepresidente Michel Temer, contra quien la Corte Suprema pidió también un proceso de juicio político por compartir responsabilidad con Dilma en el maquillaje de las cuentas públicas. Temer pertenece al partido centrista PMDB, que días atrás rompió su alianza con el PT.

Pero también está en curso un proceso ante la justicia electoral, que investiga si la campaña de Rousseff recibió dinero sucio de Petrobras. Si es hallada culpable en este caso, su reelección sería anulada y tanto ella como Temer tendrían que abandonar el poder, antes de que nuevas elecciones sean convocadas.