El Gobierno, frente a las demandas del Bicentenario

Twitter: @mnspezzapria

Desde mañana, la Corte Suprema de Justicia empezará a transitar un sendero estrecho en procura de resolver algo que el Gobierno no supo hacer: congeniar la necesidad fiscal del Estado de aliviar la pesada carga que representan los subsidios al sector energético, con la reacción popular, ya que a muchos les cuesta demasiado pagar las nuevas tarifas. La tarea del tribunal no parece nada sencilla.

El tema tiene varias aristas. Y no son pocos los analistas que separan el “qué se hizo” del “cómo se lo hizo”. Apuntan, en ese sentido, que la adecuación de las tarifas debía hacerse más temprano que tarde. Pero aplicarlas sin tener en cuenta criterios de gradualidad; impactos específicos (como el de los clubes de barrio); temperaturas extremas (como las que hubo en varias semanas de junio) que impidieron restringir los consumos y sin extremar esfuerzos explicativos y didácticos para empezar a cambiar pautas culturales después de más de una década de tarifas subsidiadas, son aspectos que señalan como “debilidades políticas” de una medida que también es impugnada por razones jurídicas.

Ahora intervendrá la Corte, que por un lado deberá atender la advertencia del Poder Ejecutivo para que los jueces no se conviertan en un extrapoder gobernante. Pero también tendrá que asimilar demandas expresadas en decenas de fallos de primera y segunda instancia, en los que magistrados y camaristas dieron por acreditado que la instrumentación de aumento tarifario no respetó la legislación vigente.

Para decirlo claramente: la medida fue dispuesta por una simple resolución del Ministerio de Energía, pasando por alto la obligatoriedad de convocar a audiencias públicas cuando se trata de tarifas de servicios públicos. El error del Gobierno fue administrativo pero también político, ya que perdió una instancia para escuchar los reclamos de la sociedad y canalizarlos institucionalmente.

Frente a esa arbitrariedad gubernamental, la Corte deberá procesar su flamante interna. Es que a los históricos integrantes del tribunal –su presidente Ricardo Lorenzetti, más Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda- no les habría caído bien la premura del nuevo ministro Carlos Rosatti para abordar el caso de las tarifas, en sintonía con las demandas de los funcionarios macristas.

La Procuración del Tesoro, representante legal del Poder Ejecutivo, ya presentó un pedido de per saltum para que la Corte tome el caso lo antes posible. Y en los despachos de la Casa Rosada y el Ministerio de Energía no se privan de invocar una resolución de la procuradora Alejandra Gils Carbó en la que advirtió que la Justicia no debe inmiscuirse en cuestiones de tarifas de luz y gas.

EXPLICACIONES OFICIALES

Mientras sus funcionarios reúnen argumentos legales, el Gobierno también decidió reforzar la explicación política sobre la necesidad del tarifazo. Por eso el presidente Macri dijo el viernes por la noche en Jujuy –en la vigilia del Bicentenario de la Independencia- que se encontró un Estado “saqueado y devastado” cuando asumió el poder tras doce años de hegemonía kirchnerista.

Así, el Presidente retomó la nunca saldada discusión interna en Cambiemos sobre el grado de profundidad con que debía aclararse a la población el estado de las arcas públicas. Aunque en ese punto, el oficialismo tiene un problema evidente: los argentinos no percibían una crisis antes de la asunción de Macri, por más que las variables fundamentales de la economía estuvieran gravemente dañadas.

Tampoco el Gobierno explicó su plan económico. No lo hicieron el Presidente ni su ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quienes optaron por mostrarse ejecutivos y dar sólo información fragmentada, sin imprimirle un sentido general. Inesperadamente, en la semana que pasó fue un funcionario de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, el que desgranó el programa oficial.

El plan revelado por el ex ceo de la empresa Farmacity contiene ocho objetivos:

1 - Acceso al crédito: “Con el ordenamiento macroeconómico, pronto vamos a tener el costo de fondeo más bajo de la historia si logramos seguir reduciendo el riesgo país”, afirmó Quintana.

2 – Plan de infraestructura: “Un antes y un después en la obra pública argentina”, dijo.

3 – Empleo: “Menos burocracia para la creación de trabajo, reducción de costos y desenredo de la maraña de regulaciones”, aseguró.

4 – Estructura impositiva: “Hay que revisarla y hacer una reforma integral”, señaló.

5 – Innovación científico tecnológica , para “que llegue a la esfera productiva”, agregó.

6 – Reglas de juego claras: para que “las empresas se orienten a la rentabilidad y la competencia. Y que no descansen en situaciones oligopólicas”, indicó.

7 – “Bajar la carga que se impone al mundo productivo, sin ningún beneficio”, sostuvo.

8 – Estrategia frente al mundo: “Cuidar a las empresas y a sus trabajadores, pero no a costa de encerrarnos”, advirtió.

Quintana, que habló ante empresarios y sindicalistas en una jornada sobre el Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT), dijo que el objetivo del plan es “generar más trabajo sin deprimir los salarios”. Y puso metas con cifras: hay ahora 6.500.000 empleos registrados en el sector privado, 3.500.000 en el público, pero más de 20.000.000 de personas en la Población Económicamente Activa (PEA).

La brecha que resulta de esos números es abismal y constituye la auténtica grieta de la Argentina, que entra a su tercer centenario con una deuda social reconocida por oficialistas y opositores. En su paso por Europa –con visitas a Francia, Alemania y Bélgica-, Macri dejó una frase para recordar: “Si cuando termine mi presidencia no bajó la pobreza, entonces habré fracasado”, sentenció.

El Presidente está convencido de que las inversiones extranjeras son vitales para saltar esa vara que se autoimpuso. Y buena parte de la dirigencia acuerda con ese objetivo: por eso el diputado Oscar Romero, del sindicato SMATA, destacó en Alemania que las automotrices Volkswagen y Mercedes Benz se comprometieron en ese sentido.

Romero preside el Bloque Justicialista escindido del Frente para la Victoria en la Cámara baja a comienzos de año. Y con el correr de los meses, es ahora receptor de otros legisladores que abandonan el barco kirchnerista antes de que se termine de hundir. La ex presidenta Cristina Fernández, ocupada en su situación judicial, ya no ejerce el liderazgo central en el peronismo.

A veces, las imágenes reflejan todo con inevitable crudeza: hace un año, la todavía Presidenta encabezaba un multitudinario acto por el 9 de Julio, pero el viernes pasado tuvo que dirigirse a unos pocos militantes desde la caja de una camioneta estacionada frente a su departamento de la Recoleta. Y lo hizo después de que el juez federal Claudio Bonadío le inhibiera todos sus bienes.

El ocaso kirchnerista es tan profundo que ni siquiera envió representantes a la provincia de Tucumán, donde sesionó el Congreso de la Nación como parte de los festejos por el Bicentenario, ni tampoco la gobernadora Alicia Kirchner viajó a la ciudad de San Miguel, como lo hicieron todos los mandatarios provinciales. El titular del PJ, José Luis Gioja, también brilló por su ausencia.

En cambio, se mostraron muy activas las delegaciones del PRO, la UCR (ver recuadro) y el Frente Renovador. En su discurso, Sergio Massa llamó al Gobierno a convocar a un “Consejo económico y social”, un ámbito que también reclama la Iglesia católica bajo el paraguas protector del Papa Francisco. Pero que el Presidente se resiste a implementar con la idea de que le licuaría el poder.

Sin embargo, una instancia así lo hubiera ayudado a proponer una política más amplia para desmantelar los subsidios que no pasara solamente por un drástico aumento de las tarifas.

Macri y sus consejeros deberían reparar en las encuestas que se hicieron con motivo del Bicentenario, que reflejaron que ninguno de los presidentes desde la reinstauración de la democracia, en 1983, figura entre los preferidos de la historia. En esa lista de honor aparecen San Martín, Favaloro, Francisco y ex presidentes como Hipólito Yrigoyen, Juan Perón y Arturo Illia.

Sería el tiempo, entonces, de levantar la mirada más allá de las mezquindades de la política cotidiana.