Denuncia penal de Cristina contra el Gobierno tras las escuchas

Tras otra catarata de tuits en la red social Twitter, con duras críticas al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al juez federal Ariel Lijo, la ex presidenta Cristina Fernández radicó ayer en los tribunales de Santa Cruz una denuncia penal contra el gobierno de Mauricio Macri por violación de secreto y abuso de autoridad, entre otros delitos, a raíz de la difusión de su diálogo con el ex jefe de inteligencia Oscar Parrilli.

Fernández presentó la denuncia en Río Gallegos -publicada en su cuenta de Facebook- porque, dijo, “si bien el hecho descrito parece tener su epicentro” en la capital federal la maniobra tendría “ramificaciones en distintas jurisdicciones, en particular en la provincia de Santa Cruz en la cual tengo mi domicilio real y desarrollo mis actividades habituales”.

LA DEFIENDE SU SOBRINA

Representada legalmente por su sobrina Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner e investigada también en causas que rozan a la ex mandataria, afirmó que desde que dejó la Presidencia “vengo siendo objeto de una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes en la historia democrática de nuestro país”.

“Resulta más que evidente que nos encontramos frente a una maniobra de claro carácter criminal, la cual -como se dijo- pone al descubierto de manera aún más fidedigna el componente mafioso que vincula a sectores del poder político con algunos estamentos de la justicia federal, todo ello con la participación, articulación y protección de los medios hegemónicos de comunicación”, aseveró.

Y afirmó que “se trata de conductas atribuibles a funcionarios públicos que ejercen importantísimas funciones y que, por lo visto, han sido malversadas ingresando así en el catálogo de delitos calificados como ‘corrupción’”.

El caso recayó en el juez Javier Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, subrogante en los tribunales de Río Gallegos y, justamente, uno de los responsables de la dirección de escuchas legales bajo órbita de la Corte Suprema.

Esta semana, la ex presidenta fue acusada por abuso de autoridad y falsa denuncia por el fiscal Guillermo Marijuan, a raíz de una conversación con Parrilli -escuchado legalmente en una causa por encubrimiento al narcotraficante Ibar Pérez Corradi- y en donde preguntaba por los expedientes que su gobierno le había “armado” al espía Antonio “Jaime” Stiuso.

Parrilli ya había anunciado acciones legales contra Marijuan, el juez Lijo, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el actual titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas.

Cristina afirmó que “nada tengo que ver con la causa penal en la cual se habrían ordenado las escuchas telefónicas” donde aparece hablando con Parrilli, y denunció que “desde el Poder Ejecutivo Nacional se llevan a cabo maniobras coordinadas y convergentes con tal estrategia, filtrando, a través de las fuerzas de seguridad y el Ministerio que las conduce, información reservada de tales actuaciones judiciales”.

También reseñó que “nadie se hace cargo de la escandalosa e ilegal divulgación”, lo que consideró “un verdadero escándalo institucional”.