El fiscal Guillermo Marijuán imputó por defraudación contra la administración pública al ex ministro de Justicia y ex intendente platense, Julio Alak y a la ex ministra de Defensa Nilda Garré por la compra irregular de un helicóptero de tropa destinado a la Gendarmería Nacional adquirido en 10 millones y medio de dólares.
Marijuán, además, imputó al presidente de Fiat Argentina Christiano Ratazzi, quien integra el directorio de la firma “Flight Express”, y a sus socios Julio De Marco y Claudio San Pedro.
El funcionario requirió investigar la compra a la empresa Flight Express de un helicóptero de tropa para Gendarmería realizada con 10 millones y medio de dólares. Solicitó, también, investigar otras transacciones de estos empresarios que serían irregulares.
CUATRO APARATOS
En la gestión de Alak se licitó y adjudicó la compra de 4 helicópteros al Grupo Módena -el único oferente en la licitación- por un total de 16 millones de dólares.
La firma, que estaría integrada por De Marco, Ratazzi y San Pedro, habría entregado sólo dos aeronaves. El seguimiento de la contratación fue realizado por Nilda Garré.
Los empresarios, además, habrían realizado otra operación investigada por defraudación al Estado. Habrían vendido dos helicópteros armados con partes de otras naves, que nunca estuvieron en continuo funcionamiento, por un millón doscientos mil dólares.
Su precio real no superaba los 800 mil.
Uno de esos helicópteros fue adquirido por el gobierno santafesino en 2015 durante la gestión de Antonio Bonfatti.
La otra nave, un helicóptero deficiente marca Bolkow, fue comprado por el Estado nacional a un precio mayor al de mercado.
La cartera que dirige Patricia Bullrich, según la denuncia, compró en 2016 un helicóptero a Flight Express a pesar de los malos antecedentes.
Marijuán requirió que se produzcan medidas de pruebas que tiendan a determinar la posible responsabilidad penal en los hechos que son objeto de la denuncia.
De acuerdo con la denuncia, la única empresa oferente en esa licitación fue Grupo Módena.
LA DENUNCIA
En la denuncia se solicitó la declaración testimonial de los ahora imputados Ratazzi, Garré y Alak, y también de la propia Patricia Bullrich, su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y el subsecretario de coordinación del Ministerio, Vicente Autiero.
La denuncia se originó a partir de una presentación de la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático, de Fernando Miguez, quien se hizo eco de publicaciones periodísticas sobre el tema.
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