La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se comprometió a “revisar los errores” en la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad que dispuso el Gobierno nacional en base a un decreto de 1997.
Así lo confirmaron fuentes de la cartera que conduce Stanley, quien ayer por la tarde se comunicó con la diputada nacional y vicepresidenta de la comisión de Discapacitados, Gabriela Troiano, para comunicarle que “se iban a revisar los errores”.
En tanto, dicha comisión expresó su voluntad de dar “urgente tratamiento” a proyectos que rechazan la quita de pensiones, en una reunión sin quórum a la que no asistieron miembros de Cambiemos.
El Poder Ejecutivo dio de baja pensiones a personas con discapacidad, a través del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, que apeló a un decreto de 1997 que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 a la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Dicho artículo establece que la designación de apoderados a los efectos del cobro de los haberes se hará mediante poder o carta poder extendida por ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y organismo que esta autorice.
El presidente de la comisión, el neuquino José Ciampini (FpV-PJ), indicó que “de 1,6 millón de beneficiarios que había hasta fin de 2015, en poco más de un año se bajó en 170 mil beneficiarios, el 10 por ciento” y advirtió que “a este ritmo” el porcentaje “va a superar la superinflación que tiene este país”.
El petitorio del FpV-PJ exhorta a que “se modifiquen los requisitos para el acceso a las pensiones no contributivas”.
Por su parte, Troiano confirmó el contacto con la ministra y dijo que “se comprometió a dar marcha atrás con la quita de pensiones a personas con discapacidad y rever el tema de la aplicación del decreto”.
“No corresponde que le apliquen este decreto a personas con discapacidad porque están amparadas bajo un marco superior que es la convención que tiene rango constitucional”, dijo la diputada socialista en referencia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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