La secretaría de Comercio intimó ayer a las empresas de telefonía móvil a que presenten en un plazo no mayor a 15 días un plan para mejorar la calidad de atención de sus clientes y para disminuir los índices de conflictividad en los canales de atención y de resolución de los reclamos.
“Del total de reclamos que reciben las oficinas de la dirección Nacional de Defensa del Consumidor, el 64% son problemas de usuarios de telefonía móvil”, señaló la dependencia nacional a través de un comunicado.
Los principales motivos de reclamos son el cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio (36%); problemas en la solicitud de baja del servicio (15%); facturación excesiva o de cargos no convenidos (14%); incumplimiento de la prestación del servicio contratado (13%); incumplimiento de oferta, promociones y/o bonificaciones (10%).
De enero a junio de 2017, las multas a empresas de telefonía móvil sumaron algo mas de $ 2 millones por infracciones a ley de Lealtad Comercial (22.802) y a ley de Defensa del Consumidor (24.240).
Los principales motivos de las sanciones fueron imprecisiones de la publicidad (27%); publicidad engañosa (27%); incumplimiento de prestación de servicio (14%); falta de exhibición de precios (14%) y tamaño de letra poco legible en avisos (9%).
La intimación fue formulada durante una reunión en la que participaron el subsecretario de Comercio Interior, Ignacio Werner; el Jefe de Gabinete de la secretaría de Comercio, José García Hamilton; y el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.
Por las empresas de telefonía móvil participaron directivos de Personal, Movistar, Claro y Nextel.
“Le solicitamos a las empresas de telefonía móvil que presenten una propuesta concreta para solucionar los reclamos que existen por parte de los consumidores. Desde el Gobierno estamos dispuestos a formar una mesa de trabajo para solucionar este tema que afecta a muchos usuarios”, dijo Werner.
Por su parte, el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño explicó que las empresas “tienen que mejorar sus servicios y avanzar en sistemas o medidas para resolver conflictos con los consumidores de forma previa a la presentación formal de denuncias”.
El sistema de conciliación Consumo Protegido es una instancia conciliatoria, prejudicial, que brinda herramientas ágiles para resolver los problemas de los consumidores.
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