A diez meses de que desembarcaran los primeros ocupantes, y a 180 días del primer fallo judicial ordenando el desalojo, los vecinos de los lotes usurpados en la zona de 92 y 1 siguen esperando que se concrete la prometida reubicación de las familias que se instalaron en esas tierras que se extienden a la vera del arroyo Maldonado.
Esta semana venció el plazo que la Justicia platense le otorgó al ministerio de Desarrollo Social bonaerense para que relocalice a las personas que ocuparon los terrenos, que son de propiedad privada. Sin embargo, los vecinos históricamente radicados sostienen que “hasta ahora no se hizo nada” y remarcaron que pese a la custodia de Gendarmería, “hay más ocupantes que antes”.
La usurpación empezó en agosto del año pasado. Por entonces, tanto el dueño de los lotes como los frentistas acudieron a la Justicia para que desalojen a los recién llegados. En primera instancia el juzgado de Garantías 3, a cargo de Pablo Raele, ordenó el desalojo. Tras una apelación, la Cámara platense ratificó el fallo en noviembre pasado.
Pese a ello, la medida nunca llegó a concretarse. La Provincia solicitó a los jueces una prórroga de 70 días para encontrar una solución habitacional para las familias que se instalaron en los lotes que abarcan desde 92 y 1 hasta 92 y 116.
“Se les otorgó ese plazo y en febrero, cuando se cumplió, volvieron a pedir otra postergación. Les concedieron otros 110 días para que reubiquen a los ocupantes. Ese plazo, que en total fueron 180 días, se terminó el 7 de junio pasado y no avanzaron en nada”, denunciaron los vecinos. Preocupados por la inacción gubernamental juntaron siete decenas de firmas para exigirle a la Justicia que se terminen las dilaciones.
A su vez, los vecinos históricamente radicados en la zona pusieron el grito en el cielo porque “por las casillas que levantaron a la vera del arroyo no se puede dragar el cauce del Maldonado, porque no es posible pasar con las máquinas. Es un riesgo para todos. Esta es una zona inundable. De hecho, el dueño de los lotes no los pudo vender nunca porque están en un sector que no puede ser residencial porque se inunda”, señaló una vecina que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a sufrir represalias.
Sucede que, según denuncian, en los últimos meses “el barrio se ha vuelto inseguro, amenazan con machetes a los frentistas, casi no podemos salir de noche, hasta han roto las luminarias”.
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