Amenaza de una nena reabre polémica por la evacuación de escuelas

En una suerte de limbo entre las apelaciones a la “sensatez” de los directivos ante amenazas palmariamente falsas, y la inflexibilidad de un protocolo oficial de respuesta pensado para no dejar resquicios al riesgo, el fenómeno de las evacuaciones de establecimientos educativos de la Región ante actos de intimidación telefónica sigue sumando capítulos... y restando días de clases a miles de alumnos.

“Hola, llamo para avisar que hay amenaza de bomba en la Escuela 5, en Buenos Aires”. Eso fue lo que escuchó ayer una de las operadoras de la central de emergencias 911, de boca de una nena de siete años. Ante las preguntas de rigor desde el call-center oficial -dirección puntual, ciudad-, la chica, balbuceando, apenas logró especificar que el supuesto ataque se iba a perpetrar “en Berisso”.

Acto seguido, al ser interrogada acerca de la ubicación exacta del establecimiento y el origen del dato, la nena atinó a agregar “es que no me acuerdo”, y cerró la comunicación con un “me lo dijo una amiga que va a ese colegio; por favor avise, chau”.

La Escuela Nº5 “República Árabe Siria” está en 172 entre 25 y 26, a una cuadra del estadio “Genacio Sálice” de Villa San Carlos, en Berisso. Luego de ser notificadas del curioso y confuso llamado recibido por el 911 -y pese al consejo policial que sugería no hacerlo-, sus autoridades resolvieron suspender parcialmente las clases y evacuar a los alumnos, para iniciar el protocolo de seguridad habitual y permitir la inspección policial de todas las instalaciones.

Una decisión similar -de evacuar a contramano de la recomendación policial- le costó a autoridades del Normal 1 una imputación “por evacuar sin causa”. En el ámbito judicial aseguran que avanzarán con este tipo de imputaciones “con los directores que no sean responsables y pongan en riesgo a los chicos con evacuaciones como esta”.

La “niña de las bombas” tendría antecedentes cercanos; habría sido la autora, el sábado pasado, de la llamada que advirtió acerca de la presencia de un artefacto explosivo -inexistente- en un hospital del distrito ribereño, castigado como pocos por el auge de las intimidaciones: las estadísticas revelan que cuatro de cada cinco que se reciben en el plano regional aluden a escuelas o edificios públicos de esa jurisdicción.

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allanamiento y detención

La Justicia investiga estas comunicaciones, con la sospecha de que el ideólogo detrás de ellas pueda ser un adulto; ayer, también en Berisso, un joven fue identificado como el autor de una docena de amenazas de bomba contra la Escuela Técnica Nº 2 -más conocida como “el Industrial”, de 12 y 169-, y por tratarse de un menor de 16 años la imputación penal recayó sobre su madre.

En este caso, las pesquisas realizadas bajo instrucción del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta a lo largo de un mes llevaron a los uniformados hasta una vivienda ubicada en la calle 162 entre 25 y 26. Allí se encontraba el adolescente, que tenía en su poder un celular cuyo número coincidía con el detectado como emisor de la llamada amenazante.

En la causa, caratulada como “intimidación pública”, se imputó concretamente al adolescente y a su madre.

Semanas atrás, la investigación de la inédita ola de intimidaciones públicas, que este año superó los seis centenares en el Gran la Plata, fue unificada por orden de la Procuración General bonaerense en la órbita de la fiscalía que conduce Condomí Alcorta, y se empezaron a barajar estrategias para ponerle freno.

Uno de los mecanismos que se propuso para desalentar los llamados fue el de hacerle “sintonía fina” al protocolo de seguridad vigente en las escuelas, que indica la evacuación inmediata e inapelable del alumnado hasta que la Brigada de Explosivos determine que puede retornar.

La nueva modalidad sugerida, que apunta a la “la no evacuación” compulsiva de los establecimientos, consiste en una revisión de las aulas y dependencias previa al ingreso de los alumnos, y luego la permanencia de una guardia en los accesos. De ingresar un nuevo llamado mientras esa vigilancia está activa, los agentes vuelven a verificar los espacios pero las clases no se interrumpen.

Todavía no se conocen definiciones oficiales de la Dirección General de Cultura y Educación acerca de las correcciones al protocolo sugeridas por la Justicia; no fueron avaladas ni rechazadas, por lo que en los hechos el curso de acción quedó a criterio de cada director.

Lo cierto es que no hay día en que alguna escuela de la Región, o incluso varias, no deba suspender la actividad por una amenaza de bomba, y cada operativo demanda al fisco un gasto de alrededor de 35 mil pesos; en los casos en que se determine la autoría de los delitos por parte de menores, estos costos serán incluidos en las demandas contra sus padres.

Según trascendió en ámbitos judiciales, el ritmo de las detenciones se seguirá acelerando en las próximas semanas; se estima que hay al menos sesenta sospechosos en condiciones de ser allanados e imputados.