No debe sufrir demoras la lucha contra los barrabravas

La falta de acuerdo político entre los bloques derivó en que el Senado nacional postergara hasta febrero próximo el tratamiento del proyecto de ley que agrava las penas cometidas por los barrabravas en el marco de espectáculos deportivos. De ese modo, la iniciativa que había sido aprobada en la misma jornada por la Cámara de Diputados deberá ser vuelta a debatir en el Congreso, concluyéndose virtualmente así, en un recinto parlamentario, otro año negativo relacionado a la violencia en el fútbol.

A pesar de la aprobación previa y de que todos los bloques coincidían en la esencia de la nueva norma que, entre otras modificaciones, busca otorgarle calidad de delito a algunas contravenciones e incorpora la figura del arrepentido y el juicio abreviado para los que provoquen incidentes en los partidos de fútbol, por diferencias en cuestiones particulares, según se dijo, y por diferencias de índole política entre el oficialismo y la oposición, se decidió que la iniciativa volviera a ser tratada en febrero próximo.

Lo cierto es que los legisladores debatieron el texto enviado semanas atrás por el Poder Ejecutivo luego de los graves incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio Monumental, en el barrio de Núñez, cuando un grupo de personas atacó con piedras el micro donde viajaba el plantel de Boca Juniors.

Sin embargo, como se ha dicho, el trámite se frustró a último momento al tratarse el proyecto en particular. En general, tal como lo reflejó la votación, existió consenso amplio para sancionar una ley que combata con eficacia a los barras, sea agravándose las penas, creando nuevos delitos que antes eras contravenciones y acabar con las fuentes de financiamiento de los barrabravas.

De este modo se ha perdido una oportunidad para que, al menos formalmente, el fútbol de nuestro país cuente con mejores herramientas para iniciar una depuración que no puede esperar más, permitiendo así que ese deporte no sirva como pretexto para cometer delitos. Los desmanes ocurridos en el último mes, en ocasión de disputarse el partido final de la Copa Libertadores entre River y Boca que debió ser suspendido, llenaron de preocupación y vergüenza.

Se ha dicho y reiterado en esta columna que el fútbol de nuestro país no puede resignarse a convivir un minuto más con personas que cultivan el delito como modo de vida. Por cierto, debiera preocupar el progresivo poder que vinieron cobrando los barrabravas. No es necesario señalar que, desde los incidentes en los estadios con que se presentaron, estos grupos violentos extendieron su accionar delictivo y se han convertido, ahora, en mano de obra disponible para cualquier actividad mafiosa.

Desde la denominada ley De la Rúa y otras normas, nuestro país contó con herramientas suficientes para combatir a los barrabravas, aunque siempre faltó la decisión política correspondiente para iniciar esa lucha. Si en la actualidad se ha considerado conveniente incorporar reformas, son los legisladores los que pueden analizar y debatirlas, confiándose en que lo hagan sin eternizar el trámite de la sanción.

Parece llegada la hora, sobradamente, para que los responsables de garantizar la seguridad no se distraigan de lo que está en juego, que tiene que ver con cortar de raíz los vínculos de toda naturaleza que los barrabravas vienen enhebrando con mafias peligrosas, que los “contratan” para asesinar, robar y cometer toda serie de delitos, amparados en su presunta condición de hinchas de fútbol.