La Plata no puede permitir que persistan las usurpaciones

Hace demasiado tiempo -se puede hablar de décadas- que nuestra ciudad se ve sometida al flagelo de las usurpaciones de tierras, en una situación que se registra ante la inacción, desinterés y permisividad de los poderes públicos que, muchas veces, prefirieron ignorar la esencia del problema, consistente, por un lado, en la crisis del sistema de vivienda y, por el otro, en que la usurpación es un delito. Un delito que afecta siempre un derecho real de las personas y que, además, vulnera en forma sistemática las reglamentaciones, siempre rígidas para el resto de la población, que el Estado impone para viabilizar cualquier asentamiento poblacional.

Cabría recordar que al retornar la vida democrática en 1983, la Legislatura bonaerense se ocupó de sancionar sucesivas leyes destinadas a regularizar las situaciones de ilegitimidad que surgían de las usurpaciones. Esas numerosas leyes de índole expropiatoria, pues el Estado se hacía cargo de pagar las tierras a los propietarios usurpados, les otorgaba, entonces, título legítimo de propiedad a los ocupantes precarios.

Ocurrió, entonces, y así quedó probado en numerosas ocasiones, que surgieron grupos inescrupulosos que se dedicaron a montar una verdadera “industria de la usurpación”, a través de un organizado primer despojo de la tierra a sus propietarios, el inmediato loteo de parcelas de muy pequeña dimensión y la venta a bajo precios de esas parcelas. Los interesados llegaban en una noche, transportados por los propios “organizadores”, la ocupación se concretaba en horas y, con posterioridad, los contactos políticos lograban, poco después, la bendición legislativa.

En estos días se ventila en la Justicia una denuncia por usurpación de lotes en Melchor Romero, según se informó en este diario. En ese descampado hay en la actualidad carteles de venta de lotes por $ 150.000 pesos, un dato que exime de mayores comentarios. Según se informó, hay estacionado allí un micro, se levantó una casilla y así quedó montado un nuevo foco de usurpación, de los otros muchos existentes en la zona. Los propietarios legítimos, que hicieron la denuncia ante una Fiscalía detallaron que esas tierras las habían comprado hace dos años. Según se informó, la situación se encuentra en conocimiento de la dirección municipal de Tierras y Viviendas. Lo cierto es que Melchor Romero se ha transformado en una zona preocupante por la cantidad de usurpaciones que tuvieron lugar en los últimos años, que incluyeron la intervención de organismos públicos para desbaratar bandas que buscaron comercializar tierras ocupadas.

Es evidente que La Plata no puede permitirse un crecimiento urbanístico desorbitado, como el que se desprende de las usurpaciones. Ello, al margen de que es incontrastable que las demandas habitacionales de familias indigentes deben ser respondidas desde el Estado. Pero lo que no puede admitirse en modo alguno es la usurpación sistemática de tierras o de inmuebles particulares o fiscales impulsadas por grupos que actúan con fines de lucro, ya sea en la periferia como en las zonas urbanas, tal como viene ocurriendo en nuestra zona.

Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos. Como se dijo, el Estado debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente. El problema habitacional es, sin duda, uno de los prioritarios. Se está frente a un problema complejo -nutrido de diversas urgencias- que demanda políticas rápidas, equilibradas y justas, defendiéndose a la vez el derecho a la vivienda digna y el del respeto a la propiedad de todas las personas, pues ambos se encuentran tutelados por la sabia letra de la Constitución.