Condenaron a tres penitenciarios por la muerte de 33 presos en el penal de Magdalena en 2005

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Plata condenó hoy a trespenitenciarios bonaerenses y absolvió a otros 14 por las muertes de 33 presos del penal de Magdalena durante el incendio ocurrido el 16 de octubre de 2005.

Sobre los detalles de la condena, se confirmó que el Tribunal platense dará a conocer el próximo 9 de marzo las penas impuestas por las muertes de 33 internos al entonces director del penal, Daniel Oscar Tejera, al secretario, Raimundo Fernández, y al oficial Rubén Montes de Oca.

Los jueces que integran el Tribunal, Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena, iniciaron la audiencia a las 12 en la sede de los Tribunales penales de La Plata, ubicada en la calle 8 entre 56 y 57. 

La fiscal de juicio, Florencia Budiño, había pedido el pasado 4 de diciembre penas de entre 2 y 15 años de prisión para los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que son juzgados por la muerte de los presos.

Budiño había imputado a 15 de los 17 juzgados del delito de “abandono de persona seguido de lesiones y muerte”, mientras que al director del penal y al ex jefe de seguridad le había imputado “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”.

En su alegato ante el TOC 5 de La Plata, la fiscal tuvo en cuenta la antigüedad, jerarquía y el rol que ocupaba cada penitenciario la noche del incendio.

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Por ello, pidió 15 años de prisión para Raimundo Fernández, secretario del penal, y María del Rosario Roma, segunda jefa de guardia de seguridad exterior, y 12 para Jorge Martí, encargado de turno, que fueron quienes dispararon balas de goma contra los reclusos amotinados.

Además, solicitó 11 años para Gualberto Molina y Gonzalo Pérez; 10 para Carlos Bustos, Rubén Montes de Oca y Juan Santamaría y 8 para Marcelo Valdivieso, Juan Zacheo, Juan César Romano, Marcos Sánchez, Eduardo Villarreal, Maximiliano Morcella y Mauricio Giannobile.

Al reconstruir en su alegato lo sucedido, la fiscal explicó que el incendio se inició “tras la pelea de dos internos en el Pabellón 16 que provocaron que un grupo de penitenciarios ingresara con escopetas e hicieran disparos intimidatorios”.

Precisó que, de acuerdo a testigos, “muchos internos debieron tirarse al piso para evitar recibir disparos, y que un interno decidió iniciar un incendio para hacer cesar los disparos”.

“En ese momento, los agentes se replegaron y cerraron la puerta. El humo invadió el pabellón. Había una sola vía de escape y no pudieron salir porque nadie abrió la puerta de chapa ni la de rejas”, advirtió.

Para Budiño, los penitenciarios “abandonaron a los internos con las puertas cerradas cuando había aún focos ígneos y tuvieron que ser los propios internos del Pabellón 15 los que intentaron abrir las puertas para ayudar a sus compañeros”.

“Fueron los propios internos los que ayudaron con baldes de agua e ingresando con mantas mojadas a intentar rescatar a sus compañeros. Quedó probado que el fuego se autoextinguió y que se demoró en llamar a los bomberos”, puntualizó. 

Para la fiscal, en las audiencias “quedó demostrado que los agentes del servicio penitenciario no abrieron las puertas pudiendo haberlo hecho y abandonaron a los internos a su suerte y como consecuencia de eso se produjeron los fallecimientos por inhalación de humo y gases tóxicos”.

Como agravante, la fiscal merituó la pluralidad de las víctimas, la modalidad en la que se produjo la muerte “que se traduce en su agonía porque según la autopsia presentaban quemadura y negro de humo en las vías respiratorias”.

También mencionó el “peculiar estado de vulnerabilidad de las víctimas en este caso por la condición de encierro corporal en la que sus posibilidades de autoprotección se ven disminuidas y pasan a estar bajo el control absoluto del Estado”.

Luego del alegato de Budiño, fue el turno de la fiscal Victoria Huergo, quien pidió 5 años de prisión para el entonces director de la unidad, Daniel Oscar Tejeda y dos años y cuatro meses para el ex jefe de seguridad exterior, Cristian Alberto Núñez, a quienes les imputó “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”.

“Son actores responsables de los hechos. Mandar no es sólo ordenar sino fiscalizar y no se pueden desentender de los problemas”, dijo la fiscal al citar las graves falencias que tenía la unidad penitenciaria entre las que citó fallas estructurales y la falta de matafuegos.

Durante el extenso debate, que comenzó el 15 de agosto y terminó casi a fines de diciembre de 2017, declararon más de 150 testigos.

Durante las audiencias, las querellas que representan a los familiares de las víctimas reclamaron las mismas penas que la fiscalía, mientras que las defensas de los penitenciarios pidieron al tribunal que se los absuelva y en caso contrario que se les imponga la pena mínima del delito por el que fueron acusados.