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La Ciudad |Un disgusto cotidiano que se acentúa

En la antesala del partido, el “boom” de las amenazas fue récord y evacuaron 9 escuelas

En los establecimientos educativos ya no saben qué hacer para ponerles freno. Crece el malestar entre los padres por la “inacción”

27 de Junio de 2018 | 01:48
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“Avivada” para algunos, delito para la Justicia y problema mayúsculo para las comunidades educativas, las falsas amenazas de bomba en las escuelas de la Región, lejos de apaciguarse, se acentuaron esta semana.

Tanto es así que ayer, quizás envalentonados por el partido de la Selección Argentina de fútbol contra Nigeria por el Mundial de Rusia, los llamados intimidatorios a los establecimientos platenses estuvieron a la orden del día y rondaron el récord: casi una decena de colegios debieron ser evacuados, causando verdaderos disgustos en las comunidades educativas damnificadas.

Ayer a la mañana, a poco del inicio de la jornada escolar, por lo menos nueve instituciones secundarias fueron evacuadas en medio del alerta por llamados telefónicos al 911.

En primer turno, donde los chicos debieron evacuar el establecimiento por más de una hora, a la espera de que los expertos revisaran las instalaciones y constataran de que sólo se trataba de otro llamado telefónico mal intencionado, fue en la Escuela Secundaria Nº 3 que se encuentra en 68 entre 115 y 116.

Luego, casi al instante, se conoció que en el Normal 2, en diagonal 78 y 58, por el mismo motivo los alumnos debieron abandonar el edificio por una puerta trasera y aguardar sobre la vereda a la llegada de la brigada de explosivos de la Provincia de Buenos Aires.

La temprana cadena de amenazas prosiguió en el Colegio Emanuel, un establecimiento privado situado en 200 y 40, en Lisandro Olmos, donde antes de las 9 los alumnos -tanto de primaria como de secundaria- debieron ser trasladados a una plaza lindera también a la espera de que los especialistas en explosivos realizaran las inspecciones de rigor.

En este caso, padres de alumnos que concurren a esa escuela expresaron su preocupación no sólo porque los chicos perdieron parte de sus actividades escolares sino también porque “son expuestos a la intemperie” y porque la situación causa “incertidumbre” y “preocupación”.

Con el correr de las horas también se conoció que fueron evacuados otros establecimientos como el Albert Thomas, en 1 y 58; el Normal 1, en 14 y 51; y el Colegio Liceo Víctor Mercante, en diagonal 77 entre 46 7 y 47, que depende de la Universidad Nacional de La Plata.

También trascendió que hubo llamados en el Normal 2 y en el San Pío (28 y 60), además de la Media Nº 8 (48 entre 9 y 10) y otros tres establecimientos de Berisso.

En algunos casos puntuales, la amenazas provocaron que los alumnos ni siquiera ingresen a los centros educativos. En otros, una vez que se constató que el aviso era falso, los chicos volvieron al colegio o fueron retirados por sus padres ya que las actividades fueron suspendidas por completo.

Mientras se sucedían los llamados, los móviles policiales se desplazaron por distintos establecimientos educativos, en un movimiento de recursos de las áreas de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y del Gabinete de Explosivos. Se ha calculado que cada operativo le cuesta a la Provincia al menos entre 30.000 y 50.000 pesos.

INVESTIGACIONES

Voceros judiciales explicaron que ante cada episodio de falsas alertas al 911, los directivos de las escuelas están obligados a radicar la denuncia penal. Por eso, hay decenas de causas por intimidación pública que tramitan en distintas fiscalías. No obstante, se iniciaron acciones para unificar esos expedientes y trabajar en un plan piloto basado en la Big Data (buscarán extraer información a partir de los datos masivos) para dar con los autores.

Como se sabe, por estos llamados ya hubo allanamientos en La Plata y Berisso y se identificaron a los presuntos autores de al menos 7 llamados, entre ellos dos menores. Sin embargo, no lograron, por ahora, aplacar la seguidilla de amenazas.

El año pasado el gobierno bonaerense decidió promover una demanda por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos menores de edad que sean identificados como autores de amenazas de bombas a las escuelas.

30.000
pesos es lo que puede salir cada operativo de búsqueda de explosivos. Existe “un costo directo de entre 30 y 50 mil pesos, a lo que habría que sumar el costo para el poder judicial”, y el “gasto improductivo”, se estimó desde la Procuración.

 

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