La discontinuidad de las clases resiente a las escuelas públicas

La reiteración de jornadas sin clase en las escuelas públicas bonaerenses –y las graves consecuencias que ello implica para millones de alumnos de todos los niveles- obliga también a reiterar exhortaciones al gobierno y a los gremios docentes para que, al menos, se encuentren fórmulas que permitan la continuidad de las negociaciones, sin que ello implique el cierre de las aulas.

Como se sabe, se anunció que a partir de hoy se inicia una semana en la que se desarrollarán paros docentes el miércoles y jueves próximos. Como mañana se celebra el tradicional Día del Maestro, serán tres las jornadas en las que se interrumpirá el ciclo lectivo. Cabría recordar que hace muy poco tiempo transcurrió otra semana similar. Fue cuando los gremios realizaron un paro de 72 horas entre el 28 y el 30 de agosto.

Tal como se informó ayer en este diario, con estas nuevas medidas de fuerza los días de huelga docente en el territorio provincial podrán llegar a 16, apenas uno menos que los registrados durante todo 2017. Cabe agregar que desde 2002, los tres años con mayor cantidad de días de huelga docente fueron en 2012 (17), 2013 (19) y 2014 (20).

El paro que se realizará el jueves próximo adquiere, sin embargo, características que superan al problema específicamente provincial, ya que será de orden nacional y alcanzará a todos los niveles y modalidades de la enseñanza, desde el nivel inicial a la educación universitaria.

En esa ocasión, tal como se informó, los gremios provinciales se sumarán a los universitarios de la Conadu, la Ctera, Sadop y Uda, que impulsan la huelga y marcha nacional al Congreso de la Nación para reclamar que el proyecto de presupuesto 2019 no recorte fondos para la educación pública.

Se ha dicho ya en esta columna que los paros docentes concretados desde 2002 en la Provincia hicieron perder el equivalente a casi un año lectivo “ideal” de clases. Para decirlo en palabras más simples: casi un año completo de huelga en los últimos 16 ciclos escolares.

Al margen de analizar aquí las reivindicaciones salariales y laborales de los docentes –y las posturas sostenidas por la actual como por las anteriores administraciones- parece llegada la hora de analizar si las huelgas, como estrategia dominante para resolver los conflictos, demostraron o no ser exitosas. Cabría recordar que durante la administración bonaerense anterior, en 2014, los días de paro llegaron a 20. Esto no significa en modo alguno cuestionar ni relativizar el derecho a la protesta que asiste a los docentes.

Está claro, sin embargo, que la discontinuidad de un ciclo lectivo resiente profundamente a la escuela pública. Se trata de señalar, entonces, que, por más intensos que puedan parecer los niveles de controversia, sólo cabe insistir en la necesidad de que ambos sectores agoten las posibilidades hasta llegar a posturas consensuadas, que permitan resolver una situación cuyos primeros y más directos perjudicados son los millones de niños y jóvenes que asisten a las escuelas bonaerenses.