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Tras el fallo por Absa, vecinos de Gonnet y Villa castells van a presentarse ante la Corte nacional

En las últimas horas expresaron su malestar por la decisión del máximo tribunal provincial 

 Tras el fallo por Absa, vecinos de Gonnet y Villa castells van a presentarse ante la Corte nacional

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18 de Noviembre de 2019 | 20:08

A través de las redes y en reuniones espontáneas los vecinos de Villa Castells y Gonnet expresaron su malestar por la resolución de la Suprema Corte bonaerense que revocó el fallo que los habilitaba a no pagar las facturas de ABSA por el servicio de agua hasta que no se corroborara la calidad de la prestación. Mientras algunos opinaron que la medida favoreció a la empresa que conduce Rafaelle Sardella, otros, como fue el caso del abogado penalista Marcelo Peña, anticiparon que van a agotar la vía judicial con una presentación ante la Corte Suprema de la Nación.

Desde la página de Facebook “Vecinos por el agua, infraestructura y otros temas de Gonnet y Villa Castells”, un vecino se lamentó por el reciente fallo que dejó sin efecto la resolución del Juzgado de Faltas que los facultaba a no pagar las facturas hasta que recibieran agua potable.

“La Corte bonaerense favorece a la empresa que conduce Rafaelle Sardella, un empleado de las empresas de Macri y le importa un rábano la salud de los ciudadanos que debería proteger”, escribió un usuario de la página.

En tanto el abogado Marcelo Peña, miembro de un grupo conformado por tres vecinos de Gonnet y ocho de Villa Castells, anticipó que realizará una actuación penal ante la Corte Suprema de la Nación para que el tema no quede así, “que se prosiga hasta el agotamiento y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la última instancia”, sostuvo.

El abogado destacó que para los vecinos damnificados por la salubridad del agua hay un tema importante y que les llama la atención y es “el brusco archivo en el Ministerio Público Fiscal de la denuncia de desobediencia presentada contra ABSA”.

Peña consignó que la presentación se archivó sin ninguna investigación, pero lo que mas enojó a los vecinos “es que prosiguieron los tarifazos y hasta la Municipalidad se tuvo que hacer cargo de la provisión de bidones que ABSA llenó con sus cisternas”, agregó Pena.

Como interpretaron los vecinos de Villa Castells y Gonnet, la medida cautelar del Juez de Faltas, Rusconi debería haberse cumplido porque tenía competencia para la instauración de sanciones y multas.

“El servicio de agua potable siguió calamitosa, se avanzó en el tiempo mientras los vecinos financiaban la obra del Acueducto; incluso habría que plantear una investigación por enriquecimiento ilícito porque por un lado se sacó dinero a los vecinos que siguieron pagando las facturas y por el otro lado, el erario público invirtió en la obra para provecho de la empresa”, agregó el abogado penalista que remarcó que la gente de la zona afectada por la salubridad tuvo que pagar tarifazos por un servicio no prestado.

En ese marco, se informó que en los próximos días se instará a que prosiga el normal desarrollo del agotamiento de la vía judicial hasta que se pronuncie la Corte Suprema de la Nación, además se buscará la intervención de diversos organismos como la Defensoría del Pueblo mediante la figura de amicus curiae. 

Se explicó que el amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) se refiere a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución del proceso.​

Se remarcó que se exigirá y se reclamará judicialmente por el cobro retroactivo de las facturas porque se considera que se pagó de mas.

“El usuario no puede dejar de recibir el servicio básico, pero a su vez su posición es endeble porque todo el tiempo se le dice que si no paga - aún por un servicio que es malo - se le puede llegar a cortar el agua”, apuntó Pena quien además indicó que en el ámbito penal se estudiará una imputación contra el presidente de ABSA, Rafaelle Sardella.

Se anticipó que se intentará robustecer la figura del particular damnificado para que se amplíe la investigación y se desarchive la denuncia por desobediencia.

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