Cumple una década la estafa inmobiliaria que afecta a más de 100 familias platenses

Hace 10 años hubo un sueño que no tardó más que tres en volverse una pesadilla para más de 100 familias que pretendían tener su casa propia en un ambicioso proyecto inmobiliario; o invertir sus ahorros; o los fondos de una beca; o garantizar el futuro para un hijo discapacitado. Los motivos que los llevaron a embarcarse en la propuesta de Torres del Sol, en 2009, son tantos como historias tienen sus damnificados, quienes llevaron el caso a la Justicia civil y penal y ahora esperan que las causas avancen.

El proyecto, bajo la modalidad de fideicomiso, comenzó a publicitarse y venderse desde 2008, impulsado por una inmobiliaria (Capital Propiedades) que funcionaba entonces en 59 entre 8 y 9. Según figura en las denuncias, allí se cobraban las reservas y las cuotas, aunque la empresa a cargo de la obra era Desarrollos Inmobiliarios S.A. El presidente de las dos era Bernardo Augusto Meyer, quien también encabezaba otras empresas vinculadas con el negocio.

El plan era tan ambicioso como innovador: montar un gran complejo habitacional en el amplísimo lote de avenida 31 entre 43 y 44, con ocho torres de seis pisos con departamentos de uno y dos dormitorios, más cuatro edificios de cuatro plantas, con servicios y comodidades que incluían un salón de reuniones, cine, gimnasio y bar, sumado esto a la posibilidad de adquirirlos en forma financiada o cancelando anticipadamente el valor estimado de cada unidad. La construcción de una de las torres arrancó, precisamente, a comienzos de 2009.

“Era muy tentador y cuando mi papá fue a averiguar supimos que era muy accesible. En ese lugar, entrabas con 20 mil pesos, más o menos y las cuotas eran de poco más de 4000 mil”, recordó uno de los damnificados, Sebastián Wenger, un diseñador que en ese momento vivía en la casa paterna y quería tener la suya.

Su padre firmó el contrato al poco tiempo, después de chequear que todo estuviera en orden. “Pasabas y veías que la obra estaba muy avanzada, lo que generaba mucha confianza”, argumentó Sebastián.

La historia de Silvia es muy parecida. “Nos enteramos en 2010, por una publicidad en un diario. Fui a consultar, pero sola no llegaba. Era muy tentador. Yo vivía entonces en una casita humilde, de una habitación, en Berisso y dije, ‘bueno, a ver si llegamos con este emprendimiento’”, contó la docente, quien se subió a la propuesta junto con su hermana.

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Según dijo, “la primera entrega de la primera torre sería para quienes tuvieran más cuotas, y salieran sorteados para la adjudicación. Todo iba progresando y parecía que funcionaba.”

Carlos López Cepero es jubilado. Cuando firmó el contrato, todavía estaba casado: “Nos enteramos por las publicidades; era una posibilidad atractiva. Tenemos un hijo discapacitado y pensamos en invertir para que el día de mañana tuviera una entrada extra”, reflexionó en una charla que este diario mantuvo días atrás con los damnificados. En su caso, entregó casi 12 mil dólares y varias cuotas. No quiere calcular cuánto perdió.

Los problemas empezaron en 2010. En 2011 la Municipalidad de La Plata clausuró preventivamente la obra “por motivos que, para nosotros, no fueron demasiado claros”, expusieron las víctimas en una carta que elevarán en las próximas horas a la gobernadora María Eugenia Vidal y al intendente Julio Garro.

En los primeros meses de la clausura mantuvieron varias reuniones con los administradores del proyecto, más precisamente con Meyer, en las que también participaron funcionarios municipales de entonces, entre ellos el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró (detenido y luego excarcelado en una causa por presunto pedido de coimas y asociación ilícita con lotes de Pro.Cre.Ar), “quienes nos aseguraron que el proyecto iba a llevarse a cabo”, según los denunciantes.

“El contexto era de una impunidad alevosa: la UOCRA de (Juan Pablo) ‘Pata’ Medina decidía qué se hacía y el gobierno de entonces avalaba esas prácticas por acción u omisión. Por eso no nos sorprendió la soledad y falta de avances que sufrimos esos años”, lamentó Wenger.

Con el paso del tiempo, los damnificados supieron que el terreno había sido hipotecado, “dato que todos los fiduciantes desconocíamos”, aclararon, y los dueños “pretendían ejecutar la hipoteca” ante el Juzgado Civil N°32 de Capital Federal. En las reuniones que mantenían en la Sociedad Italiana con Meyer los damnificados se fueron conociendo e impulsaron acciones legales conjuntas que frenaron ese remate.

El proyecto de viviendas Torres del Sol no fue el único que quedó paralizado. Otros tres edificios más, vinculados a la misma empresa, corrieron la misma suerte: “House in Rocha” (7 y 60); “House in Bellas Artes” (8 y 61) y la obra emplazada en 41 entre 18 y 19. En total, se calcula que las damnificadas son 150 familias.

“Desde 2011 venimos luchando por diferentes vías y esperando que la Justicia actúe”, agregaron los denunciantes, sin pasar por alto que en este tiempo algunos “han fallecido, otros no pudieron continuar con los reclamos y la mayoría no llegó a concretar su anhelo de la casa propia”. En la instancia penal, hay cuatro causas acumuladas en el juzgado de Garantías 4, a cargo de Juan Pablo Masi.Fuentes judiciales informaron a este diario que los expedientes están ahora en Cámara. La carátula es “defraudación”, con una pena máxima en expectativa de 6 años, pero “si se toman tantas defraudaciones como defraudados haya, podría llegar al máximo legal, de 50 años”, explicaron calificados voceros judiciales, sin dejar de aclarar, “para eso falta mucho”. La causa todavía no fue elevada a juicio.

Masi dictó una anotación de litis, que significa que quien vaya a hacer un movimiento registral sobre esa propiedad “queda anoticiado que está sujeta a un proceso judicial, lo que evita las “famosas compras de ‘buena fe’”, explicaron desde Tribunales.

Entre los damnificados hay una parejita que se embarcó en este sueño justo antes de casarse. Hace pocos días nació su segundo hijo. Y siguen sin casa.

“A una década del inicio de esta estafa de proporciones, entendemos que es necesario agilizar y dinamizar el proceso de resolución del conflicto para que se haga justicia y se finalice con la problemática que nos afecta”, escribieron en la nota que elevaron a Vidal para pedirle una entrevista. Muchas de las víctimas no quieren calcular lo que perdieron. El monto total de la estafa también es incalculable.

“Desde 2011 venimos luchando por diferentes vías y esperando que la Justicia actúe”

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