Por JORGE ELÍAS
La filtración de los mensajes de texto durante la investigación del caso Lava Jato entre el juez Sergio Moro, ahora ministro estrella de Jair Bolsonaro, y el fiscal Deltan Dallagnol dejó al descubierto una intencionalidad política reñida con la Constitución y el Código Penal de Brasil.
La revelación de The Intercept, portal del periodista norteamericano Glenn Greenwald, echó un manto de duda sobre parte de la pesquisa que derivó en procesos judiciales en varios países de América latina y llevó a prisión a un centenar de personas. Entre ellas, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en tiempo récord antes de las presidenciales de 2018.
Greenwald había ventilado en 2013 las intromisiones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) en la petrolera estatal Petrobras por las cuales la presidenta Dilma Rousseff canceló una visita oficial a Barack Obama. Edward Snowden, cobijado en Moscú por el pedido de arresto de Estados Unidos después de haber trabajado en el Centro de Operaciones de Amenazas de la NSA en Hawai, la CIA y compañías privadas, le entregó a Greenwald las evidencias sobre el espionaje de la NSA y su homóloga británica, GCHQ. Las publicó el periódico británico The Guardian. Nunca fueron desmentidas.
La nueva filtración, criticada, pero no rebatida por los involucrados, hace temblar los cimientos del gobierno de Brasil.
El de Bolsonaro, en caída libre en las encuestas sobre su gestión y envuelto en un manto de sospecha por la neutralidad del juez que impidió que Lula, el favorito, fuera candidato en las presidenciales y que contribuyó a la destitución de Rousseff. Casualmente, Moro, ministro de Justicia, cabildea en el Congreso para brindarles a los jueces más autoridad en las investigaciones sobre corrupción. Varios legisladores están bajo la lupa. Entre otros, el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente.
En Brasil, dos de cada tres noticias que circulan en las redes sociales son falsas. Se trata del país más proclive a creerse las mentiras virtuales, según un estudio de Ipsos sobre 27 naciones. Seis de cada 10 brasileños usan a diario WhatsApp.
El 66 por ciento de los votantes compartió noticias políticas por esa red social durante la última campaña, según el Instituto Datafolha. La misma proporción dio por ciertas informaciones ficticias. En los mensajes escaseaba la verdad y abundaban las mayúsculas. La estrategia de Donald Trump, adoptada por Bolsonaro.
El Lava Jato empezó en 2014 con una investigación de rutina sobre lavado de dinero. Desencadenó 400 acusaciones en Brasil; la recuperación de millones de dólares de sobornos; el suicidio de Alan García y la prisión de otros ex presidentes de Perú; crímenes en Colombia, y arrestos y sanciones en México.
Lula, bajo la mira desde que dejó caer a miembros de su gobierno por la compra de votos en el Congreso por medio del mensalão (mensualidad), fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero por recibir un departamento en el balneario de Guarujá de la constructora OAS para obtener contratos con Petrobras.
La defensa no vacila en utilizar los mensajes filtrados como una señal de la parcialidad durante el proceso. El fiscal Dallagnol, según el intercambio con Moro por la red Telegram, dudaba de la contundencia de las pruebas. Le pedía consejos.
La llamada lawfare (guerra jurídica) desdibuja la imagen del exjuez, pendiente de una vacante en el Supremo Tribunal Federal, y la de Bolsonaro, sucesor de Michel Temer, también marcado por la corrupción. Un enjambre que marca un nuevo capítulo en la turbulenta trama jurídica con condimento político de Brasil y otras latitudes.
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