Una vez más volvieron a conocerse referencias acerca del mal estado en que se encontraría un edificio público, en este caso el perteneciente al Instituto Biológico de nuestra ciudad, cuyos empleados denunciaron un presunto y avanzado estado de deterioro, en una situación que se tradujo en la realización de una asamblea en el lugar, en cuyo transcurso se planteó un reclamo a las autoridades.

Tal como se informó, en cuanto al estado del edificio señalaron que existe falta de mantenimiento de equipos y de ascensores, con redes de luz y gas deterioradas y sectores que no cuentan con calefacción. Se dijo asimismo que se encuentran en mal estado los baños, en tanto que faltan vidrios en aberturas y se advierten filtraciones de humedad, entre otros requerimientos que se formularon, algunos de ellos de índole laboral.

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Es habitual que en esta columna se reflejen quejas similares por el mal estado de algunos edificios públicos, conociéndose hace poco la situación creada en una de las torres administrativas, en donde un ascensor cayó varios metros en un episodio que causó lógica alarma. Los empleados de las dependencias que allí tienen su sede hablaron de una presunta falta de mantenimiento, mientras que las autoridades aludieron a un supuesto exceso de peso que habría soportado el ascensor.

En este último caso, bien se conoce que es nutrido el catálogo de reclamos existentes en las Torres ubicadas frente a la plaza Moreno, que apuntaron casi siempre no sólo al funcionamiento de los ascensores, sino a problemas recurrentes que surgen con los baños y las fallas que en muchas ocasiones exhibió el montacargas. Se habla, claro está, de edificios que albergan a muchas dependencias públicas que manejan grandes volúmenes de cajas, expedientes y material administrativo y de limpieza.

Tampoco esa situación es patrimonio exclusivo de las torres administrativas. Son muchas las sedes gubernamentales que se caracterizan por el pésimo estado que presentan en su exterior –con sus veredas ruinosas e intransitables, como ocurre con las que flanquean al ministerio de Seguridad- que se suman a las deficiencias funcionales en el interior, como las goteras y fisuras en sus techos y paredes, absolutamente impropias. Algunas de ellas, representativas de instituciones de relevancia institucional, carecen aún de rampas para discapacitados.

Resulta ciertamente paradójico que el gobierno provincial y la Municipalidad, celosos a la hora de imponer requisitos y fijar eventuales multas en lo concerniente al estado que deben presentar los inmuebles y a los reglamentos que deben cumplirse para poder habilitarlos, no exhiban el mismo empeño para fiscalizar el estado en que se hallan sus propias sedes.

Estas situaciones, que afectan la actividad cotidiana de miles de trabajadores y también a la del público que acude a esos edificios a realizar numerosos trámites, resulta, además, especialmente negativa en una ciudad que, como la nuestra, sigue aspirando a ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, entre otros motivos por la calidad que desde la fundación exhibieron los palacios gubernamentales.