Una denuncia pone en primer plano los controles en centros de atención infantil

La denuncia penal que formuló una mujer que llevaba a su beba de pocos meses a un centro de atención infantil de 40 entre 8 y 9 donde presuntamente, según expuso, una maestra “la maltrató y puso en riesgo su vida”, volvió a poner en primer plano los controles sobre estos espacios.

Como informó este diario, el caso se produjo en un establecimiento no incluido en la enseñanza oficial y por tanto no reconocido por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia (DGCyE), y motivó la separación del cargo de la maestra acusada. La causa, que se abrió en agosto del año pasado, trascendió el último fin de semana y abrió el debate. ¿Quién controla estas instituciones? ¿Qué legislación las regula? ¿Cómo reconocerlas y qué recaudos tomar?

En 2014, la ley nacional 27.064 estableció las disposiciones generales para la regulación y supervisión de las instituciones de educación no incluidas en la enseñanza oficial. Allí se contemplan desde jardines maternales a Centros de desarrollo infantil para niños de 45 días hasta cuatro y cinco años. Como se dijo, las instituciones no son controladas por los ministerios de Educación provinciales Estas instituciones no son controladas por los ministerios de Educación provinciales y, como sostienen desde el área educativa del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), “están en un limbo regulatorio”. De ahí que “muchas veces, los casos de violencia e incumplimiento de los derechos de la infancia sucedan en esos jardines no oficiales”.

En La Plata, el Concejo Deliberante sancionó en 2016 la ordenanza 11.387, dando marco regulatorio a los Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI), es decir, las instituciones privadas no reconocidas por la DGCyE orientadas a “acompañar, guiar, estimular y atender de modo integral al niño desde los 45 días de su nacimiento hasta su incorporación al Ciclo de Jardín de Infantes del Nivel Inicial”, cobrando por ello un arancel.

Según datos oficiales, la Ciudad cuenta con ocho jardines maternales municipales, cuatro de gestión provincial y alrededor de un centenar encuadrado bajo la denominación de CADI.

Tal como lo establece la normativa comunal, el CADI debe exhibir en el frente del edificio un letrero identificatorio -no pudiendo utilizar denominaciones como Jardín Maternal, de Infantes o Guardería- junto a la leyenda “no reconocido por la DGCyE”.

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Pero, si la Provincia no ejerce el control sobre los CADI, ¿quién se encarga supervisa a sus docentes? La legislación nacional delega esta facultad “en la autoridad educativa competente de cada jurisdicción”. En el ámbito municipal, si bien la habilitación del establecimiento es otorgada por la Dirección de Desarrollo Territorial del Comercio y de la Industria, la supervisión del personal corre por cuenta de la Subsecretaria de Educación. En este punto, la habilitación de un CADI exige -junto a una serie de requisitos particulares para este tipo de edificios y otros propios de cualquier actividad comercial-, que los profesionales a cargo “cuenten con títulos habilitantes”.

En el marco de esta normativa, desde la Municipalidad de La Plata se informó que interviene “verificando que los CADI y jardines maternales cuenten con la habilitación correspondiente y que cumplan con la normativa vigente”.

Desde el Palacio Municial recordaron que hace tres años “este tipo de establecimientos funcionaban con la habilitación comercial, dado que no existía norma especial para esta actividad; en tanto que, desde la sanción de la normativa actual, los jardines maternales e instituciones privadas de la ciudad deben cumplir con requisitos específicos que garanticen su aptitud para la permanencia y el cuidado de niños”.

En tal sentido, sostuvieron las fuentes municipales, los establecimientos que no cuenten con el número y la consigna correspondiente en la puerta, “no poseen la habilitación necesaria para desarrollar la actividad”.

Reconocieron en la Municipalidad que la actividad está en una etapa de “transición” de una norma a otra, en la que “los establecimientos de la Ciudad avanzan hacia una regularización total. [...] Se trata de un proceso paulatino y tolerante, teniendo en cuenta que no se pueden cerrar todos los establecimientos y dejar a la ciudadanía sin este servicio tan importante”.