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Será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias. Negocian las condiciones de pago
El Gobierno, la CGT y los empresarios acordaron anoche que las compañías privadas deberán pagarle a sus trabajadores un bono de 5.000 pesos, denominado “recomposición salarial obligatoria”, según informó el Ministerio de Producción tras una reunión realizada entre funcionarios de esta cartera, con los sindicalistas y representantes de las distintas cámaras fabriles y de comercios.
La recomposición “será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias”, informó un vocero de la cartera que conduce el platense Dante Sica.
Aunque hubo un acuerdo general anoche aún no se conocían los detalles. Hoy volverán a reunirse para definir los plazos y si habrá cuotas. “Se juntan para redactar y acordar la letra chica”, aseguraron en la cartera de Producción. Luego se publicará el decreto en el Boletín Oficial.
Más tarde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió que “dicho pago se efectúe en al menos cinco cuotas”
Tras el encuentro, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) anticipó que cuando se defina la redacción del acuerdo se definirá cómo se pagará el bono: “Se arreglarán las modalidades de pago para que las pymes también lo puedan afrontar”. Por su parte, desde el Ministerio se recalcó que “las partes pusieron buena predisposición” para alcanzar un acuerdo.
Funes de Rioja elogió el carácter no remunerativo de la compensación. “Hace a la esencia, por el peso de las cargas sociales”, dijo.
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Hasta ayer, la resistencia de las cámaras mantenía trabado el anuncio. “Hay una enorme recesión, caída de ventas, y muchas empresas no podrían pagar un bono. Las pymes están tratando de subsistir, es difícil hacer algo por decreto”, planteaba Miguel Acevedo, de la UIA. “En este contexto es muy difícil. Posiblemente el Estado tenga la capacidad de dar ese aumento, pero el privado no”, agregó.
Según informó Producción, por parte del sector trabajador estuvieron presentes Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).
En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.
Y por la cartera de Producción y Trabajo estuvieron, además del ministro Sica, el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner; el titular de la Unidad de Coordinación General, Ignacio Pérez Riba; y la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.
Las negociaciones habían arrancado hace dos semanas, en una reunión entre Sica y Carolina Stanley -ministra de Desarrollo Social- con los referentes de la CGT.
La confirmación se demoró más de la cuenta y en el medio el ministro de Producción pidió “ser lo suficientemente prudentes pero creativos y flexibles”.
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