La primera semana de control de uso del casco por los motociclistas en La Plata se tradujo en el secuestro de 117 vehículos, a raíz del incumplimiento de esa exigencia. Tal como se informó, las autoridades comunales decidieron actuar “sin contemplaciones” ante los infractores, ya que está prevista la medida del secuestro motivada en tal circunstancia. Está claro, entonces, que sigue siendo alta la cantidad de conductores que se resisten a cumplir con esa ley del tránsito, al igual que ocurre, por ejemplo, con el uso del cinturón de seguridad en el caso de los autos.

Según se informó desde el área de Control Ciudadano, las motos secuestradas por no utilización del casco por parte de los conductores son trasladadas a un predio municipal y se devuelven a sus respectivos titulares, luego de que abonen las multas correspondientes que oscilan entre $3.154 y $ 6.300.

Como se dijo, también se aseguró que desde los primeros días del año comenzó a regir la “tolerancia cero” en materia de uso del casco al circular en moto, enfatizándose en que la medida regirá sin excepciones y que a todo motociclista que circule sin ese accesorio se le incautará el vehículo.

Más allá de aceptar las fundamentaciones esgrimidas por las autoridades y por legisladores que, en su momento, impulsaron medidas similares, la vasta experiencia aquilatada enseña que muchas veces los poderes públicos lanzan con mucho ímpetu campañas que, luego, con el correr de los días, terminan en letra muerta. Se trataría, entonces, de evitar este tipo de procesos, que resultan muy negativos.

Además de otras corroboraciones, referidas a distintos tipos de infracciones que se registran, lo sustantivo es que pese a la sanción de normas y al impulso de algunos programas preventivos, el tránsito en La Plata sigue siendo caótico. Decir esto último suena ya absolutamente reiterativo.

Es cierto que el continuo crecimiento del parque automotor no colabora para este cuadro conflictivo, pero la mayor parte de la responsabilidad reside en la manera de conducir de los platenses, en el gran número de infracciones que cometen y en la sensación predominante de que cada conductor –y, por qué no, cada peatón también- es el que, en realidad, improvisa sus propias formas de comportamiento, hasta arribarse a un resultado anárquico para el conjunto.

Sendas peatonales que virtualmente son arrasadas por automovilistas impacientes, vehículos estacionados en donde está expresamente prohibido hacerlo, semáforos que son directamente obviados, dobles filas de autos detenidos, carga y descarga de mercadería a toda hora: es incesante y hasta imaginativa la nómina de infracciones

No son fórmulas misteriosas las que pueden mejorar el tránsito. A la persistencia de los operativos, a la presencia continuada de inspectores en las calles, debería sumarse en forma imperiosa un gran esfuerzo educativo, destinado a capacitar a los conductores y peatones para su mejor desempeño en la vía pública. Se trata de una responsabilidad que el Estado no debe delegar y, a la vez, de una tarea que no puede postergarse.