Al menos tres militantes platenses de izquierda serán indagados en los próximos días en calidad de imputados por la amplia toma de tierras en Guernica, cuyo desalojo -al cabo de casi 100 días de usurpación- concretó la Provincia el jueves con el apoyo de unos 4.000 policías. Así surge de la causa que instruye el fiscal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta, quien además ayer restituyó las 100 héctareas de terreno a sus dueños, tal como había ordenado el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo.

Del texto judicial se desprende que de los 36 acusados, tres tienen domicilio en la Ciudad (dos en el casco urbano, mientras que una tercera imputada tiene su residencia en Villa Elisa). Entre ellos, según pudo consignar este diario, hay un exdirigente universitario y militantes del Partido Obrero. Del resto, la mayoría se reparten entre el Conurbano y la ciudad de Buenos Aires, aunque uno acreditó nacionalidad paraguaya.

“Eran todos activistas sociales. No eran personas con problemas habitacionales”, aseveraban ayer fuentes con acceso al caso, en referencia a los incriminados por “desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad agravado por el número de personas, por el uso de armas y por poner manos sobre la autoridad”. Unos hechos por los que podrían caberles penas de hasta tres años.

Los imputados, que tienen fecha de indagatoria a partir del 1º de diciembre, habían sido detenidos en la mañana del jueves y luego liberados, tras intentar resistir el avance de la Policía arrojando piedras y demás proyectiles.

El jueves, tras varias prórrogas y dilaciones, la Provincia acató la orden judicial de desalojo por la que se logró desactivar una toma que databa del 21 de julio pasado y que llegó a contar con 2.537 personas (1.776 mayores y 761 menores), tanto de Guernica, como de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría. Ese día, las fuerzas de seguridad chocaron con grupos de usurpadores, como parte de un operativo que tuvo lugar “después de múltiples mesas de diálogo” y como consecuencia de que “un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio desconociendo la orden judicial”, según dijeron fuentes del Gobierno provincial, apuntando a la acción del Partido Obrero.

En cambio, unas 600 familias firmaron un acuerdo con el Gobierno para desalojar el predio y ser reubicados, mientras que a personas en extremo grado de vulnerabilidad recibirán además subsidios de hasta 300 mil pesos (50 mil durante seis meses).

Durante los 99 días que duró la toma, tal como consta en la causa, los vecinos linderos a las 100 hectáreas de tierras usurpadas en Guernica vivieron entre la zozobra y el temor, tal como consta en la causa a la que accedió EL DIA: “Resulta amenazante para cualquier vecino la presencia de gran cantidad de gente, que los increpan y agreden verbalmente con armas en sus manos, tanto a los ciudadanos comunes como al personal policial”, se lee en el texto judicial, que también recoge daños a la propiedad privada y robos.

“Perdimos tranquilidad desde que esa gente está usurpando el campo”, reza una de las denuncias, y enumera: “Nos robaron los animales, ya no tenemos con qué alimentar a mi familia, ellos no son gente buena, nos corren con machetes, nos amenazan todos los días, es una locura constante en la que vivimos”.

Pero no es todo. Ya que más allá de los delitos imputados, en paralelo a esta causa se investiga la venta de los lotes tomados en redes sociales, “por montos de 50.000 pesos”.

RESTITUCIÓN

Como se dijo, ayer, un día después de efectuado el desalojo, la Justicia bonaerense restituyó a sus dueños las tierras usurpadas en Guernica.

“Los propietarios se fueron muy contentos y ahora van a alambrar el predio con la colaboración del municipio de Presidente Perón, porque durante la toma se los rompieron todos”, detallaron voceros judiciales luego de que el fiscal penal de La Plata a cargo de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, entregara las tierras a los propietarios.

La medida había sido ordenada por el Juez de Garantías con asiento en Cañuelas, Martín Rizzo, cuya resolución establecía que “una vez ocurrida la desocupación de los lotes deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Pérez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.”.

No obstante esto, una guardia policial permanecía desde el jueves en el predio, con el objetivo de resguardar la propiedad y evitar otras ocupaciones ilegales. Pues, ayer nomás, una decena de ocupantes intentó volver a tomar las tierras en cuestión, por lo que se registraron nuevas detenciones (ver aparte).