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El Presidente se juega un pleno a la reestructuración de la deuda y elude definiciones en la economía

El Presidente se juega un pleno a la reestructuración de la deuda y elude definiciones en la economía
Mariano Spezzapria

Mariano Spezzapria
@mnspezzapria

2 de Marzo de 2020 | 01:34
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Si bien Alberto F. llamó ayer la atención con proyectos resonantes como la reforma de la Justicia federal o la legalización del aborto, en el trasfondo de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso quedó ratificada la impresión de que se juega un pleno a la reestructuración de la deuda externa para darle un rumbo de previsibilidad a su administración.

Sin embargo, el Presidente no ofreció precisiones sobre el plan económico, que reclaman tanto la oposición como operadores del mercado local e internacional. Justamente el detalle de un programa compatible con la situación financiera del país es un elemento determinante para que los acreedores decidan aceptar el canje de deuda que intenta realizar el Gobierno.

Después de apelar a elementos de la narrativa populista -”no vamos a pagar la deuda a costa del hambre del pueblo”, dijo ante los diputados y senadores-, Alberto F. aclaró que su objetivo es propiciar una “solución ordenada” a la crisis de endeudamiento que, sólo este año, insumiría al Estado argentino más de 60.000 millones de dólares, entre vencimientos de capital e intereses.

Las palabras del Presidente no fueron pronunciadas al viento. Una hora después del discurso, la Secretaría de Finanzas anunció la contratación de un asesor financiero (Lazard) y de dos agentes colocadores (Bank of America y HSBC) para acelerar la reestructuración de la deuda, por la que el Gobierno hará una propuesta de quita tanto a fondos de inversión como a bonistas particulares.

Mientras tanto, una nueva misión del Fondo Monetario Internacional aterrizará este lunes en Buenos Aires para monitorear las cuentas públicas, confirmaron fuentes oficiales, luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, acordara la instrumentación del artículo IV del estatuto del organismo durante su reciente viaje a la cumbre del G20 y a la sede del FMI en Estados Unidos.

Tanta importancia le otorga Alberto F. a la reestructuración de la deuda, que se “olvidó” de anunciar el proyecto de Presupuesto 2020. El Presidente dio ante el Congreso pocas señales: anunció una nueva ley de hidrocarburos, reclamada por las petroleras; y la creación de consejos técnicos y políticos para estudiar las cuestiones relativas al desarrollo en el mediano y largo plazo.

En otro orden, no pasó inadvertida la ausencia de los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, luego de que el Presidente cuestionara la administración económica de alto tribunal (más precisamente, la existencia de un plazo fijo de 40.000 millones de pesos). La relación entre el Gobierno y el Poder Judicial atraviesa por un momento de fuerte tensión política.

El Ejecutivo viene de impulsar una modificación a la jubilación de los jueces y fiscales, que implica un recorte para el sector; y ayer Alberto F. anunció una reforma de la Justicia federal que significará una dilución del poder de los tribunales de Comorodo Py. Y que no parece haber sido consultada con la Corte. El arquitecto de esa iniciativa es el asesor presidencial Gustavo Beliz.

El funcionario, de extremo perfil bajo, estuvo en el centro de las miradas en el Congreso porque también influyó en las modificaciones a la Ley de Inteligencia que Alberto F. hará por decreto. Y participó activamente en la instrumentación de un “cuerpo de administradores gubernamentales” que será el encargado de auditar el gasto público, con el objetivo de mejorar la eficiencia estatal.

En el campo político, resultó notorio que el Presidente no avanzó sobre la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, puesto que hay una negociación abierta con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta en torno a los 45.000 millones de pesos anuales. Por último, la presencia de Daniel Scioli en su última jornada como diputado contrastó con la ausencia de Elisa Carrió.

También anunció una nueva ley de hidrocarburos reclamada por las petroleras

 

 

 

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