Las usurpaciones, un negocio con rasgos mafiosos

“¿Para qué nos sacan si vamos a volver?” La pregunta se la hizo un ocupante del predio usurpado la semana pasada en Los Hornos a una autoridad municipal, en medio de una suerte de secuencia repetida de “desalojo y reingreso” que termina y vuelve a empezar. Y resulta de lo más lógica si uno repara en el punto de vista de los hacedores de los mecanismos que mueven el engranaje de las usurpaciones en la Ciudad.

El juego del gato y el ratón que practican por estas horas en 141 y 90 los efectivos de la Gendarmería y grupos de personas que podrían estar siendo utilizadas por una red mafiosa, se asemeja al que a gran escala ocurre en distintas zonas de la Ciudad: es ese que permite la estafa a pobres, y el perjuicio a propietarios y al Estado por la venta irregular de lotes y su consecuente devenir en la proliferación de barriadas sin servicios para las que no existe planificación urbana que resista, a las que luego el municipio debe encargarse de llevar servicios.

Un resumen de la maniobra que estas organizaciones repiten siempre tan exactamente como un deja vu: un grupo de desconocidos, habitualmente foráneo, inicia una campaña para la venta de lotes delimitados “a gusto” que hasta ofrecen a través de las redes sociales por un valor módico y a cambio –a veces- de un más que sospechoso boleto de compra venta sin ninguna validez legal.

No son (¡por supuesto!) los dueños del macizo que arbitrariamente dividen (a veces el propietario es un privado y a veces es el Estado), son vendedores de humo que aplican con rigor las instrucciones de un manual de impunidad, con la precaución de no dejar rastros tras la estafa.

Claro que estas mafias primero marcan el terreno a ocupar, generalmente un indiviso rural. “Hay que alambrarlo, mantener siempre el pasto corto y, si es posible, contratar a un casero”, recomiendan off the record los abogados, aunque nada está garantizado y hasta los propios estudiosos de las normativas al respecto remarcan de lo engorroso que es salir del embrollo de una usurpación. “Si los terrenos en cuestión están ociosos y son ocupados todo se vuelve complicado”, sostienen. Y suman otro punto difícil: el de encontrar quién represente a los propietarios damnificados: “A los penalistas les aburre porque no lo consideran un crimen y los civilistas no entienden el delito”, reniegan en los pasillos donde se analizan las leyes.

La ironía está en que el derecho, que entre otras misiones tiene la de velar por la propiedad privada, parece no alcanzar para frenar las oleadas de tomas que en pocos años consagraron a La Plata como la ciudad con más asentamientos en todo el país (más de 150). Una acordada de la Suprema Corte bonaerense emitida el año pasado estableció un protocolo de actuación para “la actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, que, aseguran los damnificados por usurpaciones, crea un laberinto de trámites y pasos legales que “llevan a pensar en que el litigio no se resolverá jamás”.

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Los vecinos, con asombro, preguntan “quién paga las desmalezadoras que usan los ocupantes”

El derecho constitucional a la vivienda tampoco se cumpliría si se asume que las personas que son utilizadas para estos fines terminan erigiendo sus hogares en zonas sin servicios ni infraestructura y con importantes problemas de conectividad.

Vale dar crédito a los ojos que ven anuncios en las redes sociales ofreciendo asentarse en un lote de 30 por 30 metros en un terreno fiscal o privado por unos 20 ó 30 mil pesos a familias que, muchas veces, esa cantidad es lo único que tienen. Es decir, para pasar en limpio: en La Plata el metro cuadrado usurpado se cotiza, aproximadamente, a unos 33 pesos. Como garantía, resuena la promesa de los desconocidos sin nombre ni domicilio a quienes se les paga ese entre: “Quedate tranquilo que de acá no te sacan más”.

Así actuaron siempre las mafias para montar muchas de las actuales villas de emergencia y así, sospechan los vecinos, lo están haciendo ahora en el predio de 150 hectáreas de 90 y 141, que hasta hace unos cuatro años usaba el club de Planeadores y que pertenece a la Administradora de Bienes del Estado (ABES). Lo describen los vecinos de la zona que, asombrados, se preguntan quién paga las desmalezadoras que están usando los ocupantes en esos terrenos. “¿Sabe lo que valen?”, expresan, y suman los bidones de combustible que llegan para hacerlas funcionar. “Alguien les aporta todo eso, que representa mucho dinero. Esa es la prueba de que detrás de estas personas hay una red que impunemente los organiza”, reflexionan.

Y opinan que el predio es “susceptible de urbanizar”, aunque cuestionan, claro, la manera ilegal con la que está siendo abordado. “Se pueden construir viviendas y hacer muchas cosas, pero de forma planificada, no así”, añaden con la sensatez de quien pretende que la Ciudad goce algún día de un debatido programa de urbanización con otras reglas. O con reglas, a secas.