La Corte provincial tratará “con celeridad” un planteo contra las excarcelaciones

El fiscal ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, Carlos Altuve, recurrió a la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que revoque el hábeas corpus colectivo al que días atrás hizo lugar el juez Víctor Violini y que habilita la prisión domiciliaria de presos en riesgo de contraer coronavirus (por patología o edad).

Ese fallo -dirigido a reclusos por delitos leves, pero que en la práctica también permitió la salida de asesinos y violadores- beneficia a “un número indeterminado de personas”, resulta “de extrema gravedad institucional”, con “una ostensible falta de argumentación” y puede “poner en jaque al sistema jurídico penal”, argumentó Altuve en el recurso de queja presentado ayer ante el máximo tribunal provincial.

La resolución de Violini tuvo como base la superpoblación existente en los penales y el potencial peligro de contagio en medio de la pandemia de coronavirus. Los candidatos a la excarcelación o la domiciliaria partieron de listas elaboradas por el Ministerio de Justicia, Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense, cuyos registros oficiales hablan de 2.200 liberados durante el aislamiento y, entre ellos, 80 purgan penas por homicidios y violaciones.

Pero la orden dictada por el magistrado platense “configura un supuesto de extrema gravedad institucional, no sólo para el caso concreto sino también por las consecuencias directas que de él se derivan, pues pone en crisis la buena marcha de las instituciones al poner en jaque al sistema jurídico penal todo, y afecta el orden público, ello en virtud de la incertidumbre que genera el fallo cuestionado respecto de la implementación de las medidas dispuestas”, sostuvo Altuve, que debió recurrir al máximo tribunal bonaerense luego de que Casación rechazara su recurso.

No obstante, el representante del Ministerio Público entiende que la situación de emergencia sanitaria actual y las condiciones de hacinamiento imperantes en las cárceles demandan especial atención: “No es mi objetivo alzar una barrera que obstaculice la toma de las medidas urgentes, esenciales e imprescindibles para resguardar la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad”, aclaró. Pero ello no puede justificar “una alteración total del orden constitucional ni legal, sino todo lo contrario: en situaciones de emergencia es cuando más sentido tienen el cumplimiento de la Constitución, y la vigencia de las garantías y el principio de la división de poderes”.

En un escenario por demás caldeado, Altuve pretende que sea el máximo tribunal provincial quien regule el alcance de las prisiones preventivas solicitadas por cientos de presos durante la pandemia.

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Mientras, la Justicia bonaerense buscará dar señales de respuesta a un clamor popular que en los últimos días se amplificó bajo la forma de cacerolazos. “Existe una presunción” de que el recurso será declarado admisible por la Corte y que desde entonces se tomará, al menos, “una semana” de análisis para emitir un fallo, anticiparon voceros judiciales en declaraciones periodísticas. En esa línea, agregaron que el presidente Daniel Soria y los jueces Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Torres y Eduardo de Lázzari prevén resolver la cuestión con “la mayor celeridad posible”.

Una vez resuelta la admisibilidad, se dará vista a la Procuración General, cuyo titular, Julio Conte Grand, explicó ayer que el recurso de Altuve “permitirá revertir el desequilibrio del sistema y poder avanzar en el análisis de los casos ordenadamente, como se hace siempre”. Si el hábeas corpus fuera dejado sin efecto, evaluó el jefe de los fiscales, “se revertirá la decisión y estas personas [los presos] deberán reingresar al sistema hasta que los jueces naturales y fiscales de la causa resuelvan otra cosa y el fallo quede firme”.

Con la “mayor celeridad” entonces, el alto tribunal provincial deberá dictaminar, entre otras cuestiones, si -como cree Altuve- el fallo de Violini, al mismo tiempo que habilitó las excarcelaciones, melló la potestad de los jueces de resolver según cada caso y si obvió determinar qué es un delito “leve”.

Todo como parte de una decisión que llevó una sola firma: la de Violini.

Otra señal: la polémica obligó a cambiar las condiciones y desde ayer rige la resolución 480/20 de la Corte, según la cual las liberaciones que autorice Casación deberán llevar la firma de al menos dos jueces. Ya no habrá actuaciones unipersonales.

Se sabe, el dictamen de Violini derivó en una lluvia de solicitudes por parte de los defensores. Y abrió la puerta a cuestionados arrestos domiciliarios, como el otorgado por el juez de Bahía Blanca Claudio Braun a un violador, sin comprobación de riesgo sanitario, lo que derivó en un pedido de juicio político. Con él, son al menos tres los magistrados bonaerenses apuntados al enjuiciamiento.

En esa línea, un proyecto de ley presentado en la Legislatura por los senadores de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan y Nidia Moirano, busca activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por el aislamiento social vigente: “Muchos familiares o las propias víctimas realizan denuncias contra los jueces que sacan a presos de manera indiscriminada, pero esas denuncian no llegan a nada porque no está funcionando el sistema de enjuiciamiento”, advirtió Allan, que insistió en la necesidad de implementar jurys virtuales ante la “delicada situación que estamos viviendo”.

Un proyecto en la Legislatura busca avanzar con los jurys virtuales a magistrados